El gobierno avanza en la incorporación de dispositivos electrónicos de localización como forma de reforzar las medidas alternativas a la prisión. Según informó, una resolución firmada por el presidente Yamandú Orsi aprobó el arrendamiento de 2.600 tobilleras electrónicas a la empresa Surely S.A., por un monto superior a 10 millones de dólares. De ellas, unas 600 se destinarán a casos de violencia doméstica y de género, mientras que la mayoría será utilizada para reclusos con salidas transitorias o en libertad vigilada.

El tema también quedó planteado en el proyecto de Presupuesto, con partidas por un total de más de 100 millones de pesos destinadas a la Dirección de Medidas Alternativas y a la Dirección de Políticas de Género.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el sistema de tobilleras busca frenar el crecimiento de la población carcelaria y al mismo tiempo mejorar la protección de las víctimas. En ese sentido, reiteró que también se trabaja en un convenio con Antel para entregar celulares con botón de pánico y acceso directo al 911 para denunciantes cuyos agresores no tengan colocada una tobillera.