En la sesión de la Junta Departamental de Salto celebrada anoche, la atención se centró en la decisión de la Intendencia de dejar sin efecto la contratación de 291 trabajadores municipales. El llamado a sala había sido votado por unanimidad, pero en lugar del intendente compareció un equipo técnico encabezado por los doctores Héctor Ferreira y Gabriel Rodríguez, junto a la escribana Mirna Haller.

Su llegada, veinte minutos después de aprobada la moción, dio inicio a un debate intenso en el que los asesores legales del Ejecutivo defendieron con firmeza la postura adoptada. El núcleo de la discusión giró en torno a la validez del convenio colectivo firmado en 2025, que amparaba a los trabajadores. Según Rodríguez, el documento presentaba falencias de forma y de fondo que lo hacían jurídicamente insostenible. “Un convenio colectivo no puede estar nunca por encima de la Constitución ni del Estatuto del Funcionario Municipal. Llamarlo de esa manera no lo convierte automáticamente en válido si desconoce principios legales básicos”, subrayó.

Argumentos jurídicos y ausencia de gastos externos

Los asesores remarcaron que la decisión no fue sencilla, pero sí necesaria para resguardar la institucionalidad. Mantener un convenio irregular, señalaron, sería más grave que corregir la situación. Ferreira fue enfático al asegurar que no se incurrió en gastos extras: “No se gastó un solo peso fuera de la administración. Todos los informes fueron elaborados por los equipos de la Intendencia y están disponibles en los expedientes”. Agregó que, aunque en otros casos podría recurrirse a asesoría externa, en este no fue necesario. El mensaje buscó despejar dudas sobre posibles contrataciones privadas y subrayar la transparencia del proceso.

La interpretación de la Ley 18.508

Otro de los ejes centrales del debate fue la interpretación de la Ley 18.508, que regula la negociación colectiva en el sector público. Mientras la oposición sostuvo que la norma ampara los convenios firmados con los trabajadores, los asesores de la Intendencia advirtieron que se trata de una lectura errónea. “La ley regula la negociación colectiva, pero no establece que cualquier acuerdo firmado adquiera automáticamente carácter de fuente de derecho. Confundir negociación con convenio colectivo generó una falsa legitimidad”, sostuvieron. Según explicaron, el error interpretativo llevó a otorgar estabilidad a trabajadores que no habían accedido a sus cargos mediante concursos o sorteos, como exige la normativa.

La posición del Frente Amplio

Los ediles frenteamplistas insistieron en que la decisión afecta a 291 familias y acusaron a la Intendencia de desconocer convenios colectivos. Sus intervenciones apelaron a la sensibilidad social, la estabilidad laboral y la defensa de derechos conquistados. Sin embargo, los asesores del Ejecutivo cuestionaron la falta de un sustento legal sólido en el planteo opositor. Señalaron que el Frente Amplio no logró explicar cómo un convenio podría estar por encima de la Constitución ni identificar los artículos supuestamente vulnerados.

Defensa de la institucionalidad

En contrapartida, los técnicos de la Intendencia enfatizaron que la decisión no se tomó contra los trabajadores, sino en defensa de la institucionalidad. “La negociación colectiva se respeta, pero debe ejercerse dentro de los límites legales. Eso es lo que asegura reglas claras para todos, sin privilegios ni excepciones”, destacaron. El trasfondo del debate, coincidieron varios ediles, enfrentó dos enfoques distintos: la apelación política y emocional de la oposición frente a los argumentos jurídicos del oficialismo.

Política versus legalidad

Lo que quedó en evidencia en la Junta fue la distancia entre ambos discursos. Para los asesores, el deber de la administración es cumplir con la Constitución y garantizar seguridad jurídica, aunque ello tenga un costo humano inmediato. Para la oposición, la prioridad está en proteger los puestos de trabajo y la estabilidad de las familias afectadas. Más allá de la tensión política, la exposición del equipo técnico buscó dejar sentado que la Intendencia actuó con responsabilidad, evitando perpetuar un convenio que, a su entender, vulneraba la normativa vigente. Con esta decisión, el Ejecutivo departamental reafirmó su postura: la política pública no puede sostenerse sobre bases jurídicas endebles. Porque avalar hoy un convenio irregular abriría mañana la puerta a acuerdos fuera de la ley, con riesgos para la institucionalidad y el uso responsable de los recursos públicos.