La defensa de la diversidad, que supone respetar las distintas formas de sentir, pensar y vivir, parece estar convirtiéndose, para algunas organizaciones que dicen representarla, en una peligrosa intolerancia hacia quienes se atreven a cuestionar sus planteos.

El caso del periodista Fernando Vilar merece una reflexión que va mucho más allá de sus desafortunadas expresiones durante una entrevista con la médica Lorena Quintana. El propio comunicador reconoció el carácter violento, ofensivo y discriminatorio de sus palabras y pidió disculpas. Sin embargo, varias organizaciones decidieron llevar el asunto al terreno penal, denunciándolo por presuntos delitos de odio y discriminación.

Y aquí aparece una cuestión jurídica fundamental: no todo comentario ofensivo, desacertado o repudiable constituye necesariamente un delito. Para que exista responsabilidad penal deben acreditarse los elementos que exige la ley, no alcanza con que una expresión resulte desagradable, hiera sensibilidades o contradiga las convicciones de determinados colectivos.

La libertad de expresión, protegida por nuestra Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos, ampara también las opiniones críticas, incómodas y controvertidas. Su protección resulta especialmente importante cuando se debaten asuntos de interés público, como la educación, la familia y el abordaje de la identidad sexual en la infancia. Eso no significa que exista un derecho a discriminar, amenazar o incitar al odio, sino que tampoco puede confundirse el desacuerdo con una conducta delictiva. ¿Acaso ya no es posible cuestionar determinadas concepciones sobre los cambios de identidad sexual, su abordaje desde el hogar o su incorporación en algunos planteos educativos sin quedar expuesto a una condena pública o una denuncia penal?

Una cosa es combatir la discriminación y otra muy distinta pretender que determinadas organizaciones tengan el monopolio de la verdad y puedan convertir cualquier discrepancia en una supuesta agresión punible.Resulta paradójico  e inaceptable, que en nombre de la tolerancia se reclame silencio para quienes piensan diferente. 

Cuando el derecho penal comienza a utilizarse como respuesta a las opiniones incómodas, lo que queda amenazado no es solamente la libertad de un periodista: es la libertad de expresión de todos.

Espadachín