Señor Director de LA PRENSA

Presente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted, y por su intermedio a toda la opinión pública, con profunda indignación para alertar sobre una situación que considero un verdadero abuso contra el bolsillo de los trabajadores y ciudadanos de buena fe. Me refiero a las prácticas abusivas que aplican ciertas financieras que operan en nuestra plaza —supuestamente bajo la órbita y el control del Banco Central— a la hora de ofrecer tarjetas de crédito a clientes incautos.

Bajo la promesa de facilidad y acceso rápido al crédito, estas entidades entregan un plástico que, en la práctica, funciona como una trampa financiera. Basta con analizar el resumen de cuenta para comprobar cómo se "despluma" a la gente sin que siquiera haya realizado una sola compra. Por el simple hecho de abonar la factura en una red de cobranzas como Redpagos, se aplica un recargo de $ 35. A esto se le suma un cargo de $ 67 por emisión de estado de cuenta, monto que se cobra religiosamente. Como si fuera poco, se incluyen otros cargos como un supuesto "seguro de hogar" por $ 267 y un costo fijo mensual por mantenimiento de tarjeta de $ 534, la utilice o no el cliente.

Si hacemos las cuentas, estos conceptos suman $ 903 por mes. Esto significa que un ciudadano, aun sin haber tocado su tarjeta en todo el año, se ve obligado a desembolsar la friolera de $ 10.860 anuales simplemente por el "privilegio" de tener el plástico guardado en su billetera.

Pero lo más grave aún está por venir. Supongamos que el usuario realiza una compra modesta, digamos de $ 1.000 en 6 cuotas "sin interés", y al mes siguiente dispone del dinero y decide cancelar el total de la deuda al contado para liberarse del compromiso. Pues bien: no se lo permiten. Le exigen mantener las cuotas vigentes y, por ende, la tarjeta activa, asegurándose así de seguir cobrándole mes a mes buena parte de esos cargos administrativos y seguros encubiertos.

Y ni hablar si el cliente llega a atrasarse tan solo un día en el pago. En ese instante cae sobre él todo el peso de tasas de interés verdaderamente usurarias, que oscilan entre el 159 % y el 165 % anual. Cuesta creerlo, pero son cifras avaladas dentro de los topes autorizados por el propio Banco Central. Resulta vergonzoso comparar esta realidad con la de un crédito social en el Banco República (BROU), donde la tasa no llega al 20 %. Es decir que, por un mínimo descuido o un imprevisto económico, una financiera privada de plaza le termina cobrando al ciudadano casi diez veces más de interés que la banca estatal.

Ante este panorama, cabe preguntarse con absoluta franqueza: ¿de verdad esta es la forma en que el Banco Central entiende que debe controlar el sistema financiero y proteger a los consumidores? Resulta inadmisible que se permita semejante nivel de desprotección frente a cobros compulsivos, trabas para cancelar deudas y tasas confiscatorias.

Agradezco desde ya el espacio en su prestigioso diario para hacer visible esta realidad, con la esperanza de que sirva de advertencia a otros vecinos y de llamado de atención a las autoridades competentes.

Saluda a usted muy atentamente,

Un lector preocupado