Escribo estas líneas desde la profunda indignación que compartimos muchos uruguayos que, después de una vida entera de esfuerzo y trabajo, decidimos no bajar los brazos y continuar adelante con nuestros emprendimientos unipersonales. Las normas previsionales permiten que una persona trabaje como dependiente en una empresa y, al mismo tiempo, sea titular de su propio negocio. En esa situación de doble actividad, corresponde realizar los aportes establecidos en ambos casos. Hasta allí, las reglas son claras.

Sin embargo, la situación cambia cuando una persona decide jubilarse como trabajador dependiente, pero continúa legítimamente desarrollando su actividad empresarial. Para acceder a la jubilación debe renunciar al empleo en relación de dependencia, manteniéndose activo como titular de su emprendimiento y continuando, por supuesto, realizando los aportes correspondientes.

Lo lógico sería que, al cambiar su condición laboral, los aportes al FONASA se adecuaran a esa nueva realidad. Pero ocurre algo que considero una verdadera injusticia: el BPS termina cobrando el FONASA por partida doble. En términos sencillos, es como si una persona fuera socia de una mutualista y, por el hecho de ser jubilada y al mismo tiempo empresaria, tuviera que pagar dos cuotas por recibir exactamente la misma cobertura médica.

No estamos hablando de cifras abstractas, sino de un golpe directo al bolsillo de quienes, aun jubilados, decidimos seguir trabajando, produciendo, pagando impuestos y aportando a la economía del país. En mi caso particular, el BPS me descuenta mensualmente $ 5.672 de mi jubilación por concepto de FONASA y vuelve a aplicarme un descuento similar como titular de mi emprendimiento unipersonal. La pregunta es inevitable: ¿por qué se castiga económicamente a quienes, lejos de convertirse en una carga para el Estado, optamos por continuar activos y generar nuestro propio sustento? Esta situación merece una revisión urgente. No parece razonable que quienes hemos aportado durante décadas al sistema de seguridad social y todavía tenemos la voluntad y la capacidad de trabajar debamos soportar una carga que, en los hechos, significa pagar dos veces por una misma cobertura.

Las autoridades competentes deberían analizar y corregir esta distorsión. Continuar trabajando después de jubilarse no debería ser motivo de castigo, sino una decisión que el Estado debería facilitar y estimular.

Atentamente,
Un jubilado y empresario autogestionado