La Asociación de Trabajadores Uruguayos de Salto Grande (ATUSG) declaró formalmente un conflicto con la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), tras denunciar respuestas “insuficientes y deshumanizadas” frente a la situación de un funcionario uruguayo que padece una enfermedad terminal. La decisión fue comunicada mediante una declaración fechada el 16 de abril de 2026, firmada por el presidente del sindicato, Alejandro Eguiluz, y el secretario Walter Méndez. En el documento, el gremio sostiene que se agotaron todas las instancias de diálogo institucional, tanto con la propia Delegación como con la Cancillería de la República, sin obtener respuestas satisfactorias.

Cuestionamientos a la Delegación y silencio de Cancillería

Según ATUSG, los planteos realizados en favor del trabajador —identificado en la carta gremial como Julio Pohyu— no recibieron una respuesta acorde a la gravedad del caso. El sindicato afirma que, lejos de encontrar soluciones, se encontraron con una postura “de marcado carácter materialista”, mientras que desde Cancillería aseguran haber recibido “silencio”, lo que consideran una actitud inaceptable frente a una situación de alta sensibilidad humana. El gremio remarca que este accionar vulnera principios básicos de responsabilidad institucional y cuestiona la falta de empatía en el tratamiento del caso.

Rechazo a resolución y acusación de discriminación

En el mismo documento, ATUSG rechaza “en todos sus términos” la Resolución DU-CTM 004/26, emitida por la Delegación Uruguaya, a la que califica como jurídicamente inaceptable dentro del marco normativo vigente, calificando dicha resolución como una medida “claramente discriminatoria por nacionalidad” y la considera un “atentado a la binacionalidad”, uno de los principios rectores del funcionamiento de Salto Grande. En ese sentido, exige la anulación inmediata de la resolución, asegurando contar con fundamentos legales suficientes para respaldar su postura, aun cuando la Dirección de Asuntos de Derecho Internacional no se haya pronunciado formalmente.

Posible escalada y respaldo argentino

La organización sindical advirtió en una nota, de que en caso de no revertirse la situación, profundizará el conflicto mediante la adopción de medidas gremiales y la difusión pública del caso, tanto en medios propios como en la opinión pública. Asimismo, anunció que el conflicto podría adquirir carácter binacional, al contar con el respaldo del sindicato argentino SIATRASAG, lo que ampliaría el alcance del reclamo dentro del organismo compartido entre Uruguay y Argentina.

Un conflicto con impacto institucional

El caso introduce un nuevo foco de tensión dentro de la estructura de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un organismo clave en la gestión energética binacional, aunque con mayor trascendencia para el sistema eléctrico uruguayo. Más allá del planteo sindical, el trasfondo del conflicto pone en discusión aspectos sensibles vinculados a derechos laborales, criterios administrativos y el manejo institucional de situaciones de alta complejidad humana. Por el momento, no se ha informado públicamente la posición oficial de la Delegación del Uruguay respecto a los cuestionamientos planteados por ATUSG.