No es novedad, pero sí un síntoma preocupante. Día tras día, el engranaje estatal sufre tropiezos que los jerarcas despachan con la liviandad de un eufemismo: lo llaman «confusión». Sin embargo, detrás de cada papelón administrativo no hay un duende travieso, sino una alarmante falta de rigor profesional que erosiona la credibilidad institucional. Y cuando la falla brota precisamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el asunto deja de ser una anécdota torpe para transformarse en un problema de orden democrático y de jerarquía conceptual.

MÁS QUE UN DESLIZ

El episodio protagonizado por el correo electrónico remitido desde la Cancillería hacia las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados —sugiriendo a los legisladores eludir contactos con representantes de las islas en la Expo Prado a raíz de un reclamo de la Embajada de Argentina— excede el mero desliz informático. No se discute aquí la validez o la historicidad de la posición uruguaya respecto a la causa Malvinas, nota verbal que Buenos Aires reitera por vía diplomática de forma cíclica. El verdadero fondo de la llaga es otro: la intromisión y el desprecio funcional por la división de poderes.

¿Cómo es concebible que un ministerio transmita a los parlamentarios una directiva conductual? La separación de poderes no es una graciosa declamación teórica para manuales de instrucción cívica; es el pilar sobre el que descansa la soberanía interna de la representación popular. Los legisladores no son subsecretarios de turno ni funcionarios en comisión a quienes se les enmienda la plana con un «haz o no haz» desde un despacho ministerial. Que el canciller Mario Lubetkin desconociera el envío y que la vicecanciller Valeria Csukasi lo rotulara de «comunicación interna anexada por error» agrava el diagnóstico: el problema no es solo político, es de desgobierno operativo. Si un papel de esta sensibilidad transita los andariveles oficiales sin el filtro jerárquico indispensable, el mando superior flaquea o la burocracia actúa en un peligroso limbo autonómico.

HECHO GRAVE

El senador Eduardo Brenta hizo bien en calificar el hecho de «grave» y en recordar los mojones elementales de la república. Pero la urgencia no agota su recorrido en una investigación administrativa de rigor formal que culmine en un sumario oscuro o en el archivo de las excusas. Urge entender que un gobierno ordenado no se autoproclama prolijo: lo demuestra en la prolijidad prístina de sus actos.

La política exterior de un país serio requiere frialdad, precisión quirúrgica, dominio de los carriles y respeto implacable por los fueros institucionales. La reiteración de estos traspiés proyecta una imagen de improvisación deslucida frente a socios y vecinos. Cuando los ministerios clave naturalizan la torpeza bajo la coartada de la confusión, la señal que emiten hacia adentro es de laxitud, y hacia afuera, de fragilidad.

La República no se gobierna a barrido de borrador ni a compás de rectificaciones tardías. Si la Cancillería no es capaz de custodiar el destino de un correo y el respeto elemental al Parlamento en un asunto sensible de soberanía ajena, el papelón deja de ser excepción para perfilarse como método. Y un Estado moderno no puede permitirse el lujo de improvisar la diplomacia ni de minimizar las grietas por donde se deshilacha su propia autoridad. La gravedad del caso exige menos lamentos corporativos y una rendición de cuentas que esté a la altura de la investidura republicana que se dice defender.