La Justicia de Artigas dictó sentencia contra dos enfermeras que habían sido procesadas meses atrás por su participación en un intento de compra de un bebé recién nacido. El caso, que había generado conmoción en mayo de este año, involucró a trabajadoras del área de la salud y puso en evidencia una situación tan grave como inusual en el país.Según la información surgida durante la investigación, el episodio se originó cuando una mujer embarazada, que estaba siendo acompañada por trabajadoras sociales del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), relató que una funcionaria de la salud le había ofrecido una suma de dinero a cambio de su hijo una vez que naciera. La denuncia fue presentada de inmediato y dio lugar a una serie de actuaciones policiales y judiciales que confirmaron la existencia del intento de apropiación.

Las implicadas y el rol de cada una

Las pesquisas permitieron determinar que una de las enfermeras implicadas cumplía funciones en un centro de salud perteneciente a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), mientras que la otra, de nacionalidad brasileña, trabajaba en una mutualista de la capital departamental. En el expediente también aparece mencionada una abogada, hija de una de las profesionales uruguayas, cuya situación aún continúa bajo investigación.

El fallo judicial

Tras el avance de las indagatorias, ambas enfermeras aceptaron los cargos en el marco de un proceso abreviado, lo que permitió llegar a una condena sin necesidad de juicio oral. La ciudadana brasileña fue sentenciada a 23 meses de libertad a prueba, como autora de tres delitos de apropiación de niños, niñas o adolescentes con fines de adopción. Además, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno durante tres meses y realizar tareas comunitarias por un período de seis meses, portando tobillera electrónica durante todo el proceso. Por su parte, la enfermera uruguaya recibió una pena de cuatro meses de libertad a prueba, también con el uso obligatorio de dispositivo electrónico de control. El caso continúa bajo estudio en lo que respecta a la abogada involucrada, cuya participación está siendo evaluada por la Fiscalía. Las autoridades judiciales indicaron que podrían surgir nuevas diligencias en las próximas semanas.

Repercusiones y reflexión

Este episodio —poco frecuente en el ámbito de la salud pública uruguaya— generó fuerte preocupación tanto en el sistema sanitario como en la comunidad local. La actuación de las autoridades permitió esclarecer rápidamente los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.
No obstante, el caso volvió a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles éticos y los protocolos de protección de la infancia, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, donde la confianza en los profesionales de la salud debe ser un pilar inquebrantable.