En la antesala de una nueva reunión en la ciudad de Fray Marcos, La Prensa entrevistó a un productor de la zona, donde vecinos serán potencialmente afectados por el proyecto de la represa de Casupá vuelven a manifestar su inquietud. El encuentro, convocado por residentes de localidades ubicadas aguas abajo del futuro embalse, tendrá como eje central los riesgos asociados a una eventual falla de la represa y las consecuencias que esto podría acarrear para miles de personas.

Según explicó el productor, la preocupación surge a partir de informes técnicos elaborados por la consultora TIPSA, que advierten sobre la posibilidad aunque poco probable de una ruptura del embalse. “No es algo seguro, pero tampoco imposible. Es como el cinco de oro: difícil, pero alguien lo saca”. El informe señala que, en caso de una falla, localidades como Bolívar tendrían apenas media hora para evacuar, mientras que Fray Marcos dispondría de unas tres horas y San Ramón entre ocho y nueve. “Estamos hablando de tiempos muy reducidos para evacuar ciudades enteras”.

Riesgos geológicos y falta de preparación

Uno de los puntos que más inquieta es la ubicación del muro de la represa sobre la denominada falla de Sarandí, una formación geológica que ha registrado actividad sísmica en los últimos años. Movimientos de hasta 4.2 grados en la escala Richter han sido detectados en zonas cercanas, lo que incrementa la incertidumbre sobre la seguridad del proyecto. A esto se suma la falta de infraestructura y preparación para enfrentar un eventual escenario de emergencia. “Habría que entrenar a la población, instalar sistemas de alarma y desarrollar protocolos de evacuación, como ocurre en zonas con riesgo de tsunami. Nada de eso existe hoy”. Los vecinos advierten que la sola posibilidad de una catástrofe generaría un estado de “alarma permanente” en la población. “No es solo el riesgo real, sino vivir con la incertidumbre constante. Eso afecta incluso la salud mental”.

Impacto social y productivo

El proyecto también genera preocupación por sus consecuencias sociales y económicas. Se estima que entre 80 y 90 familias podrían verse desplazadas por la construcción del embalse, muchas de ellas con varias generaciones viviendo en la zona. “Para algunos, puede ser una compensación económica. Pero para los pequeños productores, que tienen 30 o 40 hectáreas, eso no alcanza para empezar de nuevo en otro lugar”, explicó el entrevistado. “No solo pierden su casa, pierden su forma de vida y su lugar en el mundo”. La región afectada forma parte de la cuenca del río Santa Lucía, considerada una de las más productivas del país. Allí se concentra una importante actividad agropecuaria e industrial, lo que, según los vecinos, vuelve aún más contradictorio el proyecto. “Se pretende obtener agua potable de una zona con alta actividad productiva, donde también hay mayores niveles de contaminación. Es un problema a largo plazo”.

Reclamos al gobierno y cuestionamientos legales

Desde agosto del año pasado, los vecinos han mantenido reuniones con distintas autoridades y legisladores, aunque denuncian la falta de respuesta por parte de algunos jerarcas clave. “Hemos enviado cartas y solicitado reuniones pero no hemos sido recibidos. Eso genera frustración y enojo”. Además, cuestionan el inicio de notificaciones de expropiación sin que el proyecto cuente aún con la aprobación ambiental correspondiente. Según explicaron, la normativa vigente establece que este tipo de obras debe contar previamente con estudios de viabilidad ambiental. “No se puede avanzar en expropiaciones cuando todavía no está claro si el proyecto se puede realizar. Eso genera una presión innecesaria sobre las familias”.

Entre la necesidad de agua y el costo social

Los productores reconocen la importancia de garantizar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana, que concentra a más de un millón y medio de personas. Sin embargo, cuestionan que el costo recaiga sobre un grupo reducido de familias. “Sabemos que el agua es fundamental, pero ¿por qué 90 familias tienen que cargar con ese peso?”. Asimismo, ponen en duda la eficacia del proyecto, al considerar que no aumentaría realmente la disponibilidad de agua. “Es la misma cuenca. Es como dividir un tanque, el agua sigue siendo la misma”, argumentaron.

Un pedido de diálogo

De cara a la reunión en Fray Marcos y a futuros encuentros con autoridades, los vecinos reiteran su disposición al diálogo. “Somos gente pacífica, queremos que nos escuchen y poder plantear nuestras dudas”. En ese sentido, esperan que instancias como el próximo Congreso de la Federación Rural puedan abrir un espacio para el intercambio. “Con media hora alcanza para empezar a conversar. Hasta ahora, ni eso hemos tenido”.