En una entrevista  con Diario La Prensa, el edil del Partido Nacional, Dr. Enzo Molina, abordó varios temas de alta sensibilidad para el departamento de Salto. Uno de los más relevantes fue su firme postura en contra del Decreto 6650/2003, que permite a las autoridades departamentales incautar vehículos ante ciertas infracciones de tránsito. A juicio de Molina, esto representa una violación directa al derecho de propiedad, consagrado en la Constitución como un derecho humano inviolable.

El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia le dio la razón: la incautación de vehículos sin sentencia firme vulnera derechos fundamentales. Esta resolución respalda el proyecto de modificación que Molina presentó en 2023, junto a iniciativas similares del Dr.  Ignacio Suárez, para derogar los artículos más cuestionados de ese decreto.

Decretos punitivos no son la solución

Para Molina, el problema de tránsito no se resuelve con decretos punitivos. Apuesta, en cambio, por la educación vial desde edades tempranas, políticas de gestión más efectivas y un enfoque preventivo. Asegura que, pese a que la normativa buscaba reducir accidentes, doce años después la situación sigue siendo caótica, lo que demuestra que la solución no está en castigos automáticos, sino en formación y cultura ciudadana.

De la oposición al oficialismo

El edil también se refirió al inminente cambio de gobierno departamental, donde su partido pasará de la oposición al oficialismo. Esto, dice, les otorga la responsabilidad de continuar lo iniciado y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados. Propone reactivar el trabajo de la comisión legislativa que ya comenzó a revisar el decreto, ahora con un respaldo jurídico más fuerte.

292 designaciones directas

Otro tema que Molina no esquivó fue la polémica por las 292 designaciones directas en la Intendencia de Salto al final del mandato del Frente Amplio. Según denunció, estas incorporaciones responden a intereses políticos y no a una verdadera necesidad de la administración. A su entender, se trata de “un intento de dejar atado al nuevo gobierno” con compromisos que no son sostenibles ni éticos.

Críticas a ADEOMS

Criticó duramente al sindicato de Adeom por, según él, actuar más como un socio político de la administración saliente que como representante genuino de los trabajadores. Aclaró que no está en contra de la sindicalización ni de las designaciones legales, pero sí se opone a que se use el aparato del Estado para pagar favores políticos.

"No tenemos miedo al conflicto..."

Molina concluyó que el nuevo gobierno, encabezado por Carlos Albisu, analizará caso por caso y ejercerá su autoridad con responsabilidad, sin dejarse presionar. “No tenemos miedo al conflicto si es para defender lo justo”, sentenció.

89% del presupuesto se destina a sueldos

Además, advirtió sobre el desbalance financiero de la intendencia: el 89% del presupuesto se destina a sueldos, lo que deja apenas un 11% para inversión. “Así no se puede salir adelante”, afirmó, y pidió revisar prácticas como los contratos de monotributistas en áreas esenciales, que generan precariedad laboral y debilitan la continuidad institucional.