En agosto de 2021, presentamos una nota a la Junta Departamental de Salto, exponiendo presuntas irregularidades en la gestión del intendente Andrés Lima. El material entregado, que incluía audios, videos e imágenes, fue proporcionado por personas que habían tenido vínculo laboral con la Intendencia de Salto y que estaban dispuestas a declarar donde fuera necesario. Sin embargo, la respuesta de los ediles fue el silencio absoluto: ninguno de los representantes de los distintos partidos políticos tomó en cuenta la información presentada ni se pronunció al respecto. Ni siquiera se leyó la nota en el plenario, a pesar de que se había solicitado expresamente.

Este caso guarda un preocupante paralelismo con las acusaciones que hoy enfrenta el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, por presuntos delitos de abuso de funciones y uso indebido de recursos públicos. En ambos escenarios, la administración de los bienes del gobierno departamental parece haber estado subordinada a intereses políticos, beneficiando a grupos específicos en detrimento de la ciudadanía en su conjunto.

El Código Penal uruguayo es claro en estos casos

El artículo 162 establece que el abuso de funciones por parte de un funcionario público es un delito, incluso si no hay un perjuicio económico directo, sino simplemente una desviación de poder con intenciones políticas. Además, el artículo 177 obliga a los funcionarios públicos, incluidos los ediles, a denunciar cualquier hecho con apariencia delictiva del que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

¿Omisión de funciones?

La actitud de la Junta Departamental de Salto en  el año 2021 plantea una seria interrogante: ¿hubo una omisión deliberada de sus funciones? Al no leer la nota en el plenario ni iniciar una investigación, los ediles de todos los partidos políticos no solo desoyeron el derecho de petición de un ciudadano, sino que también ignoraron su rol de contralor del Ejecutivo. Esta falta de acción podría interpretarse como una omisión grave de su deber, dejando en evidencia que el control político puede estar condicionado por conveniencias partidarias antes que por la búsqueda de transparencia y justicia.

Escándalo similar al de Soriano con Bessozzi

El caso de Besozzi y el de Lima muestran un patrón preocupante en la política uruguaya: la impunidad que surge cuando los organismos de control miran hacia otro lado. Si en 2021 los ediles de Salto hubieran cumplido con su deber, quizás hoy estaríamos viendo un escándalo similar al de Soriano. Este tipo de omisiones generan un peligroso precedente. Si los representantes departamentales ignoran pruebas contundentes de posibles actos ilícitos, se debilita el sistema democrático y se envía un mensaje de permisividad ante la corrupción.

¿Otros archivos...?

Es momento de preguntarnos: ¿qué otras notas con material relevante han sido archivadas sin análisis? ¿Cuántos testimonios han sido desestimados sin siquiera ser revisados? La transparencia y la legalidad no pueden depender de los intereses políticos de turno. Es hora de que los organismos de contralor actúen con independencia y cumplan con su deber de garantizar que los bienes públicos sean administrados con justicia y equidad. El silencio no puede ser la respuesta ante posibles irregularidades. La Junta Departamental de Salto, con ediles de todos los partidos, tuvo la oportunidad de actuar en 2021 y la desperdició. Que este error no se repita en otros departamentos del país.