La muerte de un hombre de 54 años, hallado sin vida en un predio de la ciudad de Paysandú, vuelve a colocar sobre la mesa una realidad que el gobierno parece empeñado en ignorar. Mientras los comunicados oficiales se limitan a informar que no había signos de violencia, que no existían alertas previas o que la persona no estaba registrada en determinado lugar, la pregunta esencial sigue sin respuesta: ¿cuántos uruguayos más deben morir en la calle para que las autoridades reaccionen?

MILLONES DE DÓLARES

Uruguay destina cientos de millones de dólares al funcionamiento del Estado. Cuenta con ministerios, direcciones nacionales, programas sociales, oficinas especializadas, técnicos, asesores y una estructura burocrática gigantesca que se financia con los impuestos de todos los ciudadanos. Sin embargo, cuando llega el momento de proteger a quienes más necesitan ayuda, el sistema fracasa de manera estrepitosa. No se trata únicamente de una persona fallecida en Paysandú. Se trata de una sucesión de episodios que se repiten año tras año. Hombres y mujeres que viven a la intemperie, expuestos al frío, al hambre, a las enfermedades y a la soledad más absoluta. Personas que, por distintas circunstancias de la vida, quedaron al margen de la sociedad y que terminan convertidas en una estadística más para los organismos públicos.

Lo verdaderamente indignante es la naturalidad con que algunos jerarcas parecen asumir estas tragedias. Cada vez que ocurre una muerte, aparecen las explicaciones técnicas, los informes administrativos y las justificaciones burocráticas. Que no existía denuncia previa. Que no había una alerta registrada. Que la persona había rechazado asistencia. Que el caso estaba siendo monitoreado. Siempre hay una explicación. Lo que nunca aparece es la asunción de responsabilidades. Resulta inadmisible que un país que se enorgullece de su sensibilidad social sea incapaz de garantizar condiciones mínimas de protección para quienes no tienen un techo donde dormir. Más aún cuando los recursos existen. Lo que falta no es dinero. Lo que falta es gestión, capacidad de respuesta y, sobre todo, voluntad política.

ESTRATEGIAS INSUFICIENTES

La realidad demuestra que las estrategias implementadas hasta ahora son insuficientes. Los refugios no alcanzan, los mecanismos de captación fallan y la coordinación entre organismos deja mucho que desear. Mientras tanto, quienes viven en situación de calle continúan enfrentando una lucha diaria por sobrevivir.

La responsabilidad política no puede diluirse eternamente entre expedientes y declaraciones de prensa. Los ministros están para administrar recursos y resolver problemas. Cuando el Estado falla de manera reiterada en proteger a los más vulnerables, corresponde exigir explicaciones y resultados. Gobernar implica asumir responsabilidades, no simplemente enumerar excusas cuando ocurre una tragedia.

UNA DERROTA COLECTIVA

Cada muerte de una persona en situación de calle representa una derrota colectiva, pero especialmente una derrota de quienes tienen la obligación constitucional y moral de actuar. No alcanza con lamentar los hechos después de consumados. La verdadera tarea consiste en prevenirlos.

Hoy un hombre de 54 años ha perdido la vida en Paysandú. Mañana puede ser otro ciudadano en cualquier rincón del país. Y cuando eso ocurra volveremos a escuchar los mismos argumentos, las mismas aclaraciones y las mismas promesas.

La sociedad uruguaya tiene derecho a exigir algo más que comunicados oficiales. Tiene derecho a reclamar eficacia, sensibilidad y resultados. Porque detrás de cada persona que muere abandonada a su suerte hay una pregunta que se vuelve cada vez más difícil de responder: ¿cuántos más deben morir para que el gobierno reaccione de una vez por todas?