A comienzos de 2026, María de los Ángeles Machado dejará la Dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación Nº 20 de Salto para asumir una nueva responsabilidad a nivel nacional: la conducción de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. El cambio marca el cierre de una etapa de casi una década al frente del principal centro penitenciario del departamento y el inicio de un desafío estratégico en un contexto de creciente presión sobre el sistema carcelario uruguayo. La Prensa ya lo había anunciado hace alrededor de un mes atrás.

Una carrera ligada a la reforma del sistema penitenciario

La trayectoria de Machado dentro del INR está estrechamente vinculada al proceso de transformación institucional que atravesó el sistema penitenciario en la última década. La creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, impulsada con consenso multipartidario, sustituyó el esquema de las antiguas jefaturas departamentales por una estructura con lineamientos comunes en todo el país, bajo la órbita del Ministerio del Interior y con una fuerte apuesta a la profesionalización. Salto fue uno de los departamentos donde se incorporó una cantidad significativa de operadores penitenciarios civiles, en paralelo con Montevideo. En ese contexto ingresó Machado, quien inició su carrera en áreas de gestión interinstitucional, luego asumió la Subdirección Administrativa y finalmente accedió a la Dirección de la Unidad 20, cargo que desempeñó durante aproximadamente ocho años.

Gestión en un escenario de superpoblación carcelaria

La etapa al frente del INR Salto estuvo marcada por condiciones especialmente complejas, con niveles de superpoblación que en algunos períodos llegaron a quintuplicar o sextuplicar la capacidad locativa original. Frente a esa realidad, se impulsaron ampliaciones edilicias y reorganizaciones internas orientadas a mejorar las condiciones de alojamiento y convivencia.

El énfasis en la población femenina y la perspectiva de género

Uno de los hitos más significativos del período fue la creación de espacios específicos para mujeres privadas de libertad que conviven con sus hijos. Salto se transformó así, fuera de la Unidad Nº 9 de Montevideo, en una de las primeras cárceles del país en alojar un porcentaje relevante de mujeres con niños a cargo. A esta iniciativa se sumó la construcción y puesta en funcionamiento de un sector de progresividad dentro del módulo femenino, inaugurado a fines del año pasado. La nueva infraestructura permitió reducir situaciones críticas de hacinamiento, que habían llegado a concentrar cerca de noventa mujeres y una veintena de niños en espacios diseñados para una capacidad muy inferior.

Una cárcel mixta y problemáticas sociales complejas

La realidad del INR Salto presenta particularidades propias al tratarse de una unidad mixta, con módulos masculinos y femeninos dentro del mismo predio. Esta característica derivó en situaciones donde familias enteras se encuentran privadas de libertad de manera simultánea.
Una proporción importante de las mujeres alojadas cumple condena por delitos vinculados al narcotráfico, como suministro o asistencia, y en otros casos por hurtos asociados a contextos de consumo problemático. Estas dinámicas reflejan problemáticas sociales más amplias que exceden el ámbito estrictamente penitenciario.

Los límites del sistema penitenciario y el rol del Estado

Desde la conducción del establecimiento se sostuvo de forma reiterada que la cárcel, por sí sola, no puede resolver los procesos de rehabilitación, reinserción social ni tratamiento de las adicciones. El período de privación de libertad aparece como un tramo dentro de un proceso más amplio, que involucra un antes y un después, y que requiere la acción coordinada de distintas áreas del Estado. La articulación interinstitucional fue señalada como un componente indispensable para otorgar sentido y continuidad a las políticas de reinserción, evitando que la salida de la cárcel se traduzca en un retorno automático a los circuitos delictivos.

Continuidad de gestión más allá de los cambios de gobierno

Otro rasgo distintivo de la gestión fue su continuidad a lo largo de distintos períodos de gobierno. Si bien el acceso a cargos de dirección implica decisiones de confianza política, la permanencia en el cargo reflejó un reconocimiento institucional a una carrera desarrollada íntegramente dentro del sistema penitenciario y al trabajo de equipos técnicos que sostuvieron una línea de gestión coherente con los lineamientos nacionales del INR. Esta estabilidad permitió planificar e implementar procesos de mediano plazo, poco frecuentes en contextos de alta rotación de autoridades.

Un nuevo desafío a nivel nacional

El pasaje a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas se produce luego de que, en diciembre de 2024, Machado alcanzara por concurso el máximo grado dentro de la carrera penitenciaria. La convocatoria para ocupar el cargo se concretó semanas atrás y supone asumir la conducción de un área estratégica, encargada de las medidas no privativas de libertad, como arrestos domiciliarios y otras sanciones alternativas, muchas de ellas monitoreadas mediante dispositivos electrónicos. El objetivo central es contribuir a la descongestión del sistema carcelario, que se encamina a cifras históricas de población privada de libertad, y fortalecer mecanismos de control y seguimiento que permitan asegurar el cumplimiento efectivo de estas medidas.

Un rol con presencia territorial y proyección nacional

La nueva función implicará una presencia activa en todo el país, con recorridas por los distintos departamentos para evaluar la implementación de las medidas alternativas y reforzar la coordinación con juzgados, fiscalías, jefaturas departamentales e instituciones receptoras. En lo personal, el cambio supondrá el traslado a Montevideo, aunque manteniendo el vínculo con Salto, donde quedará radicada su familia.

Una transición en un momento clave del sistema penal

Con esta designación se abre una nueva etapa en la carrera de una funcionaria formada dentro del sistema penitenciario, que ahora tendrá la responsabilidad de incidir en uno de los ejes centrales del debate actual en materia de política criminal: el uso eficaz de alternativas a la prisión y su impacto en la rehabilitación y la reinserción social.