LA PRENSA dialogó con el doctor Manuel Barreiro —quien se ha desempeñado a lo largo de su destacada trayectoria como edil, presidente de la Junta Departamental, diputado e intendente— para analizar en profundidad un hito fundamental de su gestión gubernamental: la reglamentación que permitió la prescripción automática de los tributos municipales, así como su perspectiva crítica sobre la actualidad fiscal y la autonomía departamental.

EL ALIVIO AL CIUDADANO COMO EJE CENTRAL DE GESTIÓN

Durante su administración al frente de la Intendencia, el doctor Barreiro impulsó una resolución clave que se fundamentó en un decreto del año 1998, implementado originalmente durante el gobierno del escribano Eduardo Malaquina. Aquella normativa histórica ya contemplaba en su momento la posibilidad de seguir dos vías distintas para la prescripción de las deudas acumuladas por los contribuyentes: una modalidad automática o de oficio, y otra que obligaba al ciudadano a iniciar un engorroso trámite administrativo formal para lograr que se le reconociera la extinción de su obligación.

No obstante, en la práctica cotidiana, aquella alternativa dejaba al contribuyente en una situación de marcado desequilibrio. Para lograr que la administración reconociera la caducidad de las deudas a los cinco años —el plazo legal que dispone el Estado para exigir el cobro coactivo— muchas veces el ciudadano debía reclamar activamente y enfrentar esperas burocráticas sumamente complejas. Esto implicaba, además, la necesidad de destinar recursos económicos para contratar profesionales y escribanos, además de lidiar con las exigencias internas de las divisiones de Hacienda y Jurídica.

LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Ante este panorama adverso, el 20 de abril de 2015 se firmó una resolución decisiva. "Establecíamos que definitivamente todas las prescripciones de deudas contraídas con la Intendencia prescribían de oficio a los cinco años", explicó el exintendente durante la entrevista. Esta medida radical evitó que miles de vecinos sufrieran perjuicios económicos y demoras insostenibles, reafirmando una premisa filosófica y operativa inquebrantable: "La administración tiene que estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de la administración".

EL DEBATE ACTUAL SOBRE LAS MULTAS DE TRÁNSITO

Consultado sobre las discusiones planteadas recientemente a nivel nacional, donde se evalúa extender de cinco a diez años el plazo de prescripción para las multas de tránsito —con el grave condicionamiento de impedir la obtención o renovación de la licencia de conducir si no se cancela la totalidad del adeudo—, Barreiro advirtió sobre las perniciosas consecuencias sociales de estas disposiciones.

El exjerarca señaló con preocupación que existen miles y miles de personas que quedan "prisioneras de una situación por cuentas que no se pueden pagar y que, seguramente, no se van a pagar jamás". Esta traba burocrática no solo resulta insensible frente a las dificultades socioeconómicas de la población, sino que además bloquea las posibilidades laborales de los ciudadanos.

LA PÉRDIDA DE AUTONOMÍA Y POTESTADES DEPARTAMENTALES

Finalmente, el doctor Barreiro reflexionó acerca de los cambios estructurales en la relación fiscal y la pérdida paulatina de potestades de los gobiernos departamentales. A su juicio, con la modificación en la política nacional de cobro y distribución de la patente de rodados, las intendencias resignaron la independencia financiera que poseían históricamente sobre ese tributo, un esquema que luego es retribuido mediante subsidios condicionados.

Para Barreiro, este debilitamiento limita fuertemente la soberanía local frente a normativas centralizadas que carecen de una justificación razonable, como el intento de duplicar los plazos de caducidad. "Solamente una modificación en la ley nacional puede echar por tierra esas disposiciones", concluyó, haciendo un llamado a frenar medidas que castigan desproporcionadamente al contribuyente.