El abogado Gabriel Cartagena fue consultado tras el episodio ocurrido en Salto, donde camiones municipales utilizados para la recolección de residuos fueron dañados durante una manifestación. El hecho generó amplio debate público y preocupación por sus consecuencias legales y sociales. En su análisis, Cartagena fue claro, no se trata de un acto de protesta legítima, sino de un delito previsto en el Código Penal.

El marco legal, daños tipificados como delito

Cartagena recordó que los artículos 358 y 360 del Código Penal establecen claramente que dañar propiedad ajena constituye un delito. Si bien la norma se aplica a bienes privados, las sanciones son aún más severas cuando los afectados son bienes públicos. “En este caso, no solo se dañaron camiones de la Intendencia, sino que se interrumpió un servicio esencial como la recolección de residuos”, explicó. Los registros muestran desde neumáticos desinflados hasta cortes en mangueras hidráulicas, acciones que, aunque parezcan menores, inutilizan vehículos imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad.

Riesgo para la salud pública

Subrayó que el episodio trasciende lo patrimonial y tiene un agravante evidente, afecta directamente la salud de la población. “Si se interrumpe la recolección de residuos, se ponen en riesgo las condiciones sanitarias de los habitantes de Salto y de los turistas que visitan la ciudad en plena temporada de vacaciones”, afirmó. La dimensión social del hecho convierte al ataque en una amenaza colectiva, más allá del daño material a los vehículos.

Responsabilidades, autores y cómplices

Cartagena detalló que la Fiscalía deberá investigar tanto a los autores materiales como a los cómplices. Autores directos: quienes realizaron el daño, como cortar piezas o desinflar neumáticos. Cómplices: aquellos que incitaron, alentaron o celebraron las acciones. Los videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación serán pruebas clave para identificar a los responsables. Además, desde el punto de vista civil, la Intendencia podría reclamar a los responsables el costo de reparación de los camiones.

El rol del sindicato y la organización

Aunque el sindicato no puede ser considerado automáticamente culpable, Cartagena señaló que sí tiene un grado de responsabilidad organizativa. En este sentido, diferenció entre la convocatoria gremial legítima y los actos vandálicos que se produjeron durante la movilización. La Justicia deberá determinar si existió incitación por parte de dirigentes sindicales o simplemente una falta de control sobre los asistentes.

Respuesta institucional

También indicó que la Intendencia podría iniciar acciones civiles para recuperar los costos de reparación, mientras que la Fiscalía, incluso de oficio, debería investigar por tratarse de un hecho público y de interés general. Cartagena agregó que probablemente se convoque tanto a los autores materiales como a dirigentes de ADEOMS presentes en el lugar, a fin de establecer responsabilidades. También destacó la posible existencia de actas notariales y registros oficiales levantados por escribanos de la Intendencia y la Policía.

Un hecho que exige reflexión

El análisis del abogado deja en claro que el ataque a los camiones municipales no puede minimizarse como un simple acto de protesta. Se trata de un delito que afecta bienes de todos los ciudadanos y compromete la salud pública. “Cuando se dañan vehículos de recolección de residuos, no solo se rompe un camión, se afecta el bienestar de toda la comunidad”. Ahora será tarea de la Justicia determinar las sanciones correspondientes, mientras la sociedad se enfrenta a la necesidad de reflexionar sobre los límites de la protesta y el respeto a los bienes públicos.