La Junta Departamental de Salto aprobó por unanimidad el Presupuesto General de Sueldos y Gastos correspondiente al período 2026-2030, culminando así el procedimiento constitucional establecido para la aprobación del principal instrumento de planificación, administración y funcionamiento del legislativo departamental.

La decisión fue adoptada durante la sesión plenaria realizada en la noche de ayer jueves, luego de que el Tribunal de Cuentas de la República emitiera el dictamen previsto por el artículo 225 de la Constitución de la República. El presupuesto había sido aprobado previamente de forma provisoria mediante el Decreto N.º 7.755 y remitido al organismo de contralor para su análisis, paso indispensable antes de su sanción definitiva.

Recursos para garantizar el funcionamiento institucional

El presupuesto aprobado fija el marco económico y financiero que regirá la actividad de la Junta Departamental durante el quinquenio 2026-2030. El documento contempla los recursos necesarios para asegurar el normal desarrollo de las tareas legislativas, administrativas y de contralor que competen al organismo, enmarcados en principios de responsabilidad fiscal, legalidad, transparencia y buena administración.

Desde la corporación se destacó que el presupuesto constituye una herramienta para garantizar el adecuado funcionamiento institucional, permitiendo planificar los gastos y asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales que la Junta desempeña como órgano representativo del departamento.

Un consenso que fortalece la institucionalidad

La aprobación fue unánime del proyecto, un hecho que fue valorado por los ediles como una clara señal de madurez política y compromiso institucional.

En un ámbito integrado por representantes de distintas fuerzas políticas, el acuerdo alcanzado fue considerado una demostración de que el diálogo y la búsqueda de consensos pueden prevalecer cuando están en juego los intereses del organismo y de la ciudadanía.

La unanimidad lograda refleja la voluntad de priorizar el fortalecimiento institucional por encima de las diferencias partidarias, consolidando un marco de estabilidad para el funcionamiento de la Junta Departamental durante los próximos cinco años.