La Junta Departamental de Salto aprobó anoche el proyecto que autoriza a la Intendencia de Salto a realizar un llamado a licitación pública, por un plazo de hasta 12 años, para la implementación del Plan Departamental de Gestión de Residuos.

La iniciativa fue discutida durante más de tres horas, con intervenciones y justificaciones de los ediles. Finalmente, el proyecto fue aprobado con 20 votos, así habilitando al Gobierno departamental a avanzar en el proceso de licitación para los servicios de recolección y disposición final de los residuos.

La resolución abre así una nueva etapa para la prestación de uno de los servicios municipales de mayor impacto cotidiano para la población salteña.

ADEOMS cuestionó la decisión

Tras la votación, desde la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto ADEOMS se cuestionó duramente la resolución adoptada por la Junta Departamental.

En un comunicado, el gremio sostuvo que se busca “transformar la gestión de residuos en un negocio privado”, calificando la decisión como un “cheque en blanco en nombre de la ciudadanía”.

ADEOMS afirmó además que la aprobación constituyó una decisión de carácter político y cuestionó la ausencia de información económica y técnica que, según el sindicato, permitiera determinar cuánto costará la contratación y cuáles serían sus eventuales beneficios para la población.

El costo y las prioridades, en el centro de la discusión

Uno de los principales planteos del sindicato estuvo relacionado con los costos actuales y las prioridades presupuestales de la administración departamental.

ADEOMS señaló que, según sus estimaciones, se destinan $7,5 millones mensuales a cargos políticos, cifra que el gremio comparó con el costo equivalente a la adquisición de nuevas máquinas recolectoras.

El sindicato también manifestó preocupación por el impacto que la decisión podría tener sobre los trabajadores municipales de la recolección y sus salarios.

Debate que continuará

La resolución no implica la contratación inmediata de una empresa, sino la autorización para que la Intendencia lleve adelante el llamado a licitación y el correspondiente proceso administrativo.