La periodista Natalia Roba, del Diario capitalino  El Observador, reveló que cuatro intendentes fueron denunciados penalmente por distintas irregularidades, pero sus casos no avanzan en la Justicia. Uno de los más graves involucra al ex intendente de Salto, Andrés Lima. El seguimiento del caso en el vespertino La Prensa reafirma la preocupación por la inacción judicial.

Los jefes comunales denunciados son:

Andrés Lima (Frente Amplio – ex intendente de Salto), Wilson Ezquerra (Partido Nacional – Tacuarembó), Yamandú Orsi (Frente Amplio – ex intendente de Canelones y actual presidente de la República), Carmelo Vidalín (Partido Nacional – Durazno)

Aunque las denuncias se basan en testimonios, documentos oficiales, audios y otros elementos probatorios, la Justicia aún no ha tomado medidas. Entre todos los casos, el que más elementos reúne y genera mayor inquietud es el de Andrés Lima, por hechos ocurridos durante su gestión al frente de la Intendencia de Salto.

El caso Lima: denuncias, audios filtrados y entrega de terrenos

El periodista de La Prensa Pedro Rodríguez, además conductor del programa Cero Estrés en Radio Turística, fue uno de los primeros en advertir sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. En agosto de 2021, presentó un escrito ante la Junta Departamental de Salto donde acusó a Lima de distribuir materiales de construcción, canastas de alimentos y hasta terrenos municipales con fines políticos.

En abril de 2024, el diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz formalizó una denuncia penal contra Lima, sumando nuevos elementos. Entre ellos se destaca un audio filtrado en el que una militante frenteamplista, Karina Correa, asegura que los terrenos eran entregados a cambio de apoyo político. Correa fue desvinculada de su sector (Lista 612) tras la divulgación del audio.

La denuncia también señala a dos jerarcas municipales: Martín Morales y Elbio Machado, quienes habrían coordinado la entrega de terrenos y organizado reuniones en sedes partidarias para "obligar" a los interesados a militar políticamente como condición para acceder a los beneficios.

Según El Observador, la causa fue asignada inicialmente a la fiscal Karen Escobar, quien se declaró incompetente y la derivó al fiscal Carlos Rodríguez, de la Fiscalía de 4º Turno de Salto. Hasta el día de hoy, no se ha citado a nadie a declarar ni se han iniciado actuaciones formales.

La Prensa sigue el tema

El caso no ha pasado desapercibido dice la periodista de El Observador. En abril de 2025, el Diario La Prensa, afirmó que la denuncia lleva más de un año estancada en Fiscalía. Rodríguez expresó su preocupación ante la falta de avances y la aparente falta de voluntad de investigar lo que considera un caso de clientelismo político con fondos públicos. Además, la bancada del Partido Nacional de Salto anunció en marzo de este año que presentará una nueva denuncia, con evidencia de que se habrían adjudicado al menos 21 terrenos municipales a militantes del sector de Lima hasta 2024.

Justicia dormida, periodismo despierto

En contraste con otros casos recientes que sí derivaron en imputaciones —como los ex intendentes Guillermo Besozzi (Soriano) y Pablo Caram (Artigas)—, las denuncias contra Lima, Ezquerra, Orsi y Vidalín siguen sin avanzar. El trabajo de periodistas como Natalia Roba y el equipo periodístico de La Prensa, ha sido clave para mantener el tema en la agenda pública. Mientras la Justicia guarda silencio, el periodismo sigue haciendo preguntas. Y aunque las causas no se muevan, la persistencia periodística podrían marcar el rumbo hacia la verdad y la justicia.