El gobierno departamental de Salto dará hoy miércoles 4, un paso decisivo en la defensa del decreto que habilita la instalación de barrios privados en nuestro departamento. Autoridades de la Intendencia y de la Junta Departamental comparecerán en el Parlamento para respaldar la iniciativa, que implica una modificación parcial del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible con el objetivo de permitir urbanizaciones residenciales fuera de la trama urbana tradicional.

Necesaria gestión parlamentaria para superar impugnación

La instancia parlamentaria se produce luego de que, en 2025, casi mil firmas fueran presentadas para impugnar el decreto, en una movida impulsada por sectores críticos a la iniciativa, entre ellos el arquitecto Rogelio Texeira y el edil frenteamplista Zábala. Los opositores sostienen que los cambios normativos podrían afectar áreas ambientalmente sensibles y reclaman mayor información pública sobre el alcance de los proyectos.

En representación de la Intendencia de Salto, concurrió el secretario general, Cr.  Walter Texeira Núñez, y la directora de Gestión Administrativa, escribana Myrna Haller y representando a la Junta Departamental de Salto, viajaron; su presidente, Dr. Enzo Molina y la designada asesora legal del deliberativo departamental, Dra. Cecilia Eguiluz. En su presentación en el Palacio Legislativo, la citada delegación expondrá ante la Comisión de Constitución y Códigos, defendiendo la legalidad y conveniencia del decreto.

Tres proyectos en carpeta en espera

Actualmente,  hay tres emprendimientos concretos que esperan la correspondiente autorización, para la concreciona de las primeras inversiones en los denominados “ barrios privados”, que de esta manera, generarían un nuevo estilo de núcleos habitacionales  exclusivos, generando una mayor expansión urbana hacia el Norte de la ciudad. Uno de los proyectos es el denominado “La Calandria” que se ubicaría en predios vecinos al actual club  de polo y centro de fiestas y reuniones.

El desarrollo, se realizaría en un predio de ocho hectáreas, previendo la construcción de viviendas de uno a cuatro dormitorios e incluye reservas de suelo destinadas a posibles centros educativos y de salud.

El denominado “Apolón”, otro de los desarrollos residenciales proyectados, forma parte del mismo eje de crecimiento territorial, aunque aún se encuentra en etapas administrativas previas. El tercer emprendimiento,  identificado como “Altos del Río Uruguay,” completa el trío de propuestas que motivaron la revisión del plan director vigente.

Para viabilizar estas inversiones, la Intendencia de Salto, impulsó modificaciones parciales que permitirían habilitar unas 400 hectáreas al norte de la ciudad para desarrollos residenciales de estas características.

Contrapartidas y argumentos oficiales

Desde la Intendencia de Salto, se argumenta que la iniciativa no solo atraerá inversión privada, sino que también generará empleo y dinamizará la economía local. De esta forma, se entiende y sostiene que Salto podría convertirse en el primer departamento al norte del Río Negro en consolidar este modelo de urbanización cerrada, lo que marcaría un hito en materia de desarrollo inmobiliario en la región.

La normativa vigente establece como contrapartida que el 10% de la superficie de cada emprendimiento pase a manos de la Intendencia, destinada al realojo de familias en situación de vulnerabilidad. En paralelo, se negocia con los inversores la financiación de obras públicas, entre ellas mejoras en el sistema de saneamiento en Termas del Daymán, uno de los reconocidos polos turísticos y de desarrollo  del departamento.

Cuestionamientos y debate abierto

La propuesta no está exenta de críticas. Vecinos y organizaciones han manifestado preocupación por el posible impacto ambiental en zonas consideradas vulnerables. Invocando el Acuerdo de Escazú, promovieron acciones para apelar los decretos que respaldan esta política de desarrollo habitacional.

También desde la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y algunos sindicatos se ha cuestionado la falta de información pública detallada y los eventuales efectos de fragmentación urbana que podrían derivarse de la proliferación de barrios cerrados, generando —según advierten— una ciudad más segmentada social y territorialmente.

Mientras el debate se traslada al ámbito parlamentario, desde el gobierno departamental, se  apuesta a consolidar una política que considera estratégica para el crecimiento de Salto. La resolución de este proceso marcará el rumbo del modelo de expansión urbana del departamento y definirá si la apuesta por los barrios privados se convierte en un nuevo motor de desarrollo o en un foco de controversia a largo plazo.