La decisión del gobierno de aplicar aumentos en las tarifas públicas desde enero de 2026 comenzó a generar reacciones diversas en el ámbito político y social. El foco principal de la polémica está puesto en el ajuste del servicio de agua potable, cuyo incremento se ubica claramente por encima de la inflación proyectada para el próximo año, encendiendo alertas sobre su efecto en la economía de los hogares.