En los últimos días, la ciudad de Salto se vio sacudida por la difusión de varios videos en redes sociales que muestran episodios de violencia juvenil en la vía pública. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, despertaron preocupación entre familias, instituciones educativas y autoridades locales. Frente a esta situación, el Centro Bullying Salto emitió un comunicado exhortando a la comunidad a no compartir este tipo de contenidos y a reflexionar sobre las consecuencias que generan. Su presidenta, Ingrid Figueroa, en una entrevista en el Streaming de Diario La Prensa explicó las razones del comunicado, las implicancias legales de la viralización y la urgente necesidad de promover valores y empatía en la sociedad.

“No hay que naturalizar la violencia”

“Las redes sociales tienen un alcance global. Lo que se sube a internet lo ve todo el mundo”. Según explicó, el comunicado busca frenar la difusión de material violento y llamar a la reflexión colectiva sobre el impacto emocional que provocan estas imágenes, no solo en las víctimas directas sino también en sus familias y entorno.

“Ver esos videos fue impactante. Duelen por lo que muestran, pero también porque la gente parece divertirse filmando y difundiendo la agresión. Eso demuestra que estamos naturalizando la violencia”.

El Centro Bullying Salto trabaja desde hace más de cuatro años en prevención del acoso y sensibilización en derechos de la infancia, abordando problemáticas de violencia escolar y digital. Para Figueroa, grabar agresiones con fines de burla o entretenimiento constituye un acto de complicidad, que potencia el daño y genera un efecto multiplicador en redes sociales.

Leyes que protegen a los menores

Aunque en Uruguay aún no existe una ley específica que sancione la viralización de videos violentos, Figueroa recordó que hay marcos normativos que amparan a niños y adolescentes, como el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 17.823) y la Ley 19.788, que protege el derecho a la integridad y la privacidad.

“Estas leyes establecen claramente la responsabilidad del Estado y de las instituciones para regular la difusión de contenido que vulnere los derechos de los menores”.

Además, explicó que las personas involucradas o sus familias pueden realizar denuncias ante delitos informáticos para solicitar el retiro de los videos y el inicio de investigaciones. Según información que maneja el centro, la Jefatura de Policía estaría analizando los materiales para determinar responsabilidades tanto por los hechos de violencia como por su divulgación.

El rol de los espectadores y el efecto en los niños

Figueroa recordó que en situaciones de acoso existen tres actores, la víctima, el agresor y los cómplices. En el contexto actual, los cómplices son muchas veces quienes graban y comparten los videos. “El que filma y se ríe también participa de la agresión. Y cuando lo sube a sus redes, multiplica el daño”, subrayó.

La presidenta del centro alertó sobre los riesgos que implica la exposición temprana a contenidos violentos: “Los niños observan y replican lo que ven. Si el mensaje que reciben es que la violencia es un espectáculo, terminan reproduciendo esos comportamientos en la escuela, en el club o en la calle”.

En ese sentido, insistió en la responsabilidad de los adultos padres, docentes y autoridades de controlar el uso de redes sociales y reforzar valores de respeto, empatía y convivencia. “Estamos perdiendo muchas cosas: los valores, la empatía y la capacidad de dialogar. Y sin diálogo no hay prevención posible”, señaló con preocupación.

Bullying de ayer y de hoy

Consultada sobre la diferencia entre el bullying de antes y el de ahora, Figueroa explicó que la principal variación es el impacto de la tecnología. “Antes, una situación de acoso quedaba en el aula o en el recreo. Hoy, con las redes, el acoso se amplifica y se hace permanente. Lo que antes duraba un día, ahora se viraliza y queda disponible para todos”.

La especialista también observó que la virtualidad ha afectado la comunicación entre las personas: “Las redes nos quitaron la capacidad de diálogo. Es más fácil comentar o insultar desde una pantalla que sentarse a hablar cara a cara”.

Compromiso con la salud mental y la prevención

El trabajo de Ingrid Figueroa no se limita al abordaje del acoso escolar. Actualmente participa en el Grupo Departamental de Prevención del Suicidio y en el programa Acción País por la Salud Mental, impulsado por el Ministerio de Salud. “La violencia y el acoso están directamente vinculados con la salud mental. Por eso es fundamental capacitar a quienes trabajan en estos temas y ofrecer atención a las víctimas”.

Figueroa, que continúa formándose en terapia cognitivo-conductual y primeros auxilios psicológicos, considera que la clave para revertir la situación está en la educación emocional y en el compromiso comunitario. “No alcanza con cuidar a nuestros propios hijos. Tenemos que cuidar también a los hijos de los demás, a todos los niños del entorno. Solo así podremos volver a ser la sociedad empática y solidaria que fuimos”.

Un llamado a la conciencia

Figueroa destacó el rol de los medios de comunicación en esta lucha: “Ustedes también tienen una gran responsabilidad. Hay que filtrar, informar y difundir lo positivo que se hace en Salto. Porque también hay mucha gente trabajando bien y con compromiso”.

Con su mensaje, la presidenta del Centro Bullying Salto invita a toda la comunidad a detener la cadena de violencia digital y a reconstruir una cultura de respeto y diálogo, pilares esenciales para una convivencia más sana y segura.