La vulnerabilidad extrema no descansa, no hace pausas y, por sobre todas las cosas, no entiende de plazos arbitrarios. La existencia de refugios destinados a brindar amparo a mujeres en situación de calle —gestionados mediante convenios entre el Estado y organizaciones sociales o cooperativas— representa un pilar fundamental en la red de contención social. Su propósito declarado es noble y urgente: ofrecer un techo seguro, alimentación, acceso a la higiene y un acompañamiento profesional indispensable para quienes transitan por la intemperie más cruel.

Sin embargo, los principios rectores de estas políticas públicas se desvanecen cuando la realidad cotidiana dentro de estos espacios contradice frontalmente su misión humanitaria. Recientemente, han salido a la luz situaciones inadmisibles ocurridas en el refugio ubicado en la calle Bilbao que no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser ignoradas. Estos hechos llaman poderosamente la atención y exigen una respuesta institucional inmediata y contundente por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

 Expulsiones que vulneran derechos 

 Resulta alarmante y profundamente insensible que, en determinados momentos, a las mujeres alojadas en dicho establecimiento se les exige retirarse del lugar y deambular por algunas horas. Esta directiva ignora por completo la naturaleza de la problemática que se intenta mitigar. Si estas personas pernoctan en un refugio, es precisamente porque carecen de un hogar, de redes de apoyo y de recursos económicos. ¿A dónde se supone que deben acudir? ¿Qué alternativas de resguardo se les ofrece durante esas horas de forzada exclusión?

Esta práctica arbitraria expone a las usuarias a riesgos incalculables en la vía pública, despojándolas del resguardo mínimo que el Estado está obligado a garantizar. La gravedad de esta situación se magnifica al considerar el perfil de la población que allí se aloja. No estamos hablando de una estadística abstracta; son mujeres de carne y hueso entre las que legítimamente se encuentran personas con medidas cautelares y dispositivos electrónicos de vigilancia, usuarias cursando complejos procesos de consumo problemático de sustancias, o incluso mujeres embarazadas que requieren cuidados especiales y permanentes

La responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social

Ante este panorama desolador, surge una interrogante ineludible que interpela directamente a las autoridades ministeriales: ¿El MIDES no tomará cartas en el asunto de manera inmediata? La tercerización de la gestión a través de cooperativas no exime al ministerio de su rol indelegable como rector y fiscalizador de las políticas sociales. Delegar la ejecución no significa abdicar del control sobre la calidad de la atención y el respeto estricto a los derechos humanos de las personas asistidas.

Por todo lo expuesto, corresponde exigir al MIDES el inicio formal y urgente de una investigación administrativa exhaustiva en el refugio de la calle Bilbao. Es imperativo esclarecer los hechos denunciados, deslindar las responsabilidades correspondientes y sancionar las prácticas que vulneren la dignidad de las usuarias. Habida cuenta de la gravedad de la situación que hoy hacemos pública, resulta sumamente previsible que existan otras irregularidades ocultas que también deben ser detectadas y corregidas sin demora alguna.

La asistencia social no puede convertirse en un simulacro de protección. Las mujeres en situación de calle merecen respeto, empatía genuina y, sobre todo, un Estado firme que garantice que sus derechos humanos sean respetados las veinticuatro horas del día, sin excepciones ni desalojos temporales que acentúen su desamparo.