En la última sesión de la Junta Departamental de Salto, celebrada el 7 de agosto de 2025, los ediles de todos los partidos con representación aprobaron por unanimidad una resolución que expresa su profunda preocupación ante la reciente modificación del régimen de devolución del Impuesto Específico Interno (IMESI) aplicada a la comercialización de naftas en zonas de frontera con Argentina.

La medida, dictada por la Dirección General Impositiva (DGI) mediante la Resolución N° 1270/2025, entró en vigor el 1º de agosto y redujo el porcentaje de devolución del IMESI del 40% al 32%. Esta modificación implica un aumento real del 8% en el precio de la nafta para los consumidores del litoral, afectando directamente a los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro.

Desde la Junta se advierte que esta decisión sustituye un esquema que venía funcionando de manera estable en los últimos años y que resultaba clave para compensar la diferencia cambiaria con Argentina. El régimen anterior permitía proteger el comercio local, fomentar el consumo interno, sostener el empleo y dinamizar la economía regional. Su modificación, sin una transición gradual ni instancias previas de diálogo, genera un impacto inmediato en consumidores, trabajadores, pequeñas empresas y estaciones de servicio que dependen de una planificación financiera previsible.

Los ediles consideran que esta medida compromete seriamente la ya delicada situación económica del litoral, reduciendo la competitividad de los comercios locales y profundizando las asimetrías con el país vecino. En este contexto, la Junta Departamental de Salto resolvió emitir una minuta de comunicación solicitando que la Resolución 1270/2025 sea reconsiderada por las autoridades nacionales.

En caso de que la medida se mantenga, se reclama la implementación de mecanismos de transición o compensación que amortigüen sus efectos y brinden previsibilidad a los actores económicos afectados. Además, se considera imprescindible habilitar una instancia de diálogo con autoridades departamentales, actores sociales y representantes del sector comercial del litoral, con el objetivo de diseñar políticas públicas sostenibles y con enfoque de equidad territorial.

La minuta será enviada al Presidente de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General Impositiva, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a las Juntas Departamentales de Río Negro y Paysandú, a los representantes nacionales por los tres departamentos, a las intendencias respectivas, al Congreso de Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles y a los medios de comunicación locales.