El ex secretario general advierte sobre un cambio profundo en la gestión de servicios municipales. Un nuevo frente de polémica se abrió en las últimas horas en torno a la Intendencia de Salto. Esta vez, la voz crítica llega desde adentro del propio historial de gobierno departamental: el ex secretario general Gustavo Chiriff, quien denunció públicamente lo que considera el inicio de un proceso de privatización de servicios clave de la Intendencia. La advertencia no surge de rumores ni trascendidos políticos, sino —según remarca Chiriff— de datos objetivos publicados oficialmente en la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), donde figuran dos llamados a licitación que, a su entender, implican un giro estructural en la forma de gestionar recursos humanos y servicios públicos.

Dos licitaciones que encendieron la alarma

El primer llamado cuestionado corresponde al pliego Nº 1312097, expediente 1708/2026, con apertura prevista para el 25 de febrero. Allí, la Intendencia convoca a fundaciones, cooperativas, ONG o entidades similares para asumir la gestión de recursos humanos en diversas áreas municipales. Las tareas incluidas no son menores:

Funciones administrativas auxiliares
Limpieza de oficinas y edificios públicos
Mantenimiento de infraestructura urbana
Supervisión y dirección de personal
Actividades socioculturales, deportivas y similares
Según el pliego, la empresa adjudicataria se hará cargo de contratar al personal, inscribirlo ante BPS, MTSS y BSE, liquidar salarios, aguinaldos y partidas, mientras que la Intendencia aprobará y financiará los pagos. En los hechos, remarca Chiriff, los contratos laborales pasarán a manos privadas, aunque el dinero continúe siendo público.

Limpieza, administración y cultura: áreas sensibles

Uno de los puntos que más preocupa al ex jerarca es que servicios históricamente municipales pasarían a ser ejecutados por terceros. Entre ellos, la limpieza de edificios públicos y espacios urbanos, además de tareas administrativas básicas que hoy realizan funcionarios de los grados 5 y 6.

También se incluyen actividades culturales, deportivas y turísticas, lo que para Chiriff no es casual. En ese sentido, vincula estas licitaciones con el Presupuesto 2026–2030, donde Cultura y Turismo aparecen como simples áreas, sin fortalecimiento de personal ni creación de cargos. “Todo esto ya estaba pensado”, sugiere el ex secretario general, quien señala además la ausencia de vacantes para obreros, auxiliares de servicio y administrativos en el presupuesto presentado a la Junta Departamental.

Un segundo llamado que amplía el alcance

Pero la controversia no termina allí. El pliego Nº 1312461, expediente 2973/2026, con apertura el 27 de febrero, amplía aún más el espectro. En este caso, la licitación apunta al gerenciamiento de recursos humanos técnicos y profesionales, así como programas especiales.

Incluye áreas como:
Consultoría social
Obras, planeamiento y diseño
Dirección de proyectos
Recursos humanos
Asesoramiento financiero y legal
Servicios técnicos profesionales
Bajo el mismo esquema contractual, la Intendencia delegaría en entidades privadas funciones que —según Chiriff— hoy cumplen funcionarios municipales.

¿Menos funcionarios, más tercerización?

Para el ex secretario general, el impacto es claro: pérdida de puestos de trabajo, aunque presentada como una reducción del rubro 0 del presupuesto. En la práctica, sostiene, el trabajo no desaparece, sino que se sustituye por personal no municipal, contratado por empresas o fundaciones. “Es el comienzo de un proceso de privatización de los servicios que brinda la Intendencia de Salto”, afirma Chiriff, y deja abierta la pregunta sobre lo que podría venir después: obras viales, recolección de residuos, turismo, transporte urbano.

Un debate que recién empieza

Chiriff aclara que, por ahora, su planteo se limita a exponer hechos documentados, sin entrar de lleno en valoraciones políticas, aunque anticipa que ese debate llegará, especialmente en la Junta Departamental, donde el Frente Amplio cuenta con representación. También señala que estas decisiones involucran directamente a los trabajadores municipales, quienes deberán analizar la situación a través de sus organizaciones. La discusión está planteada. Con licitaciones en curso y preguntas abiertas, el tema promete seguir generando repercusiones políticas, sindicales y sociales en Salto. ¿Cambio de modelo o simple reorganización? La respuesta, parece, recién empieza a escribirse.