La sociedad uruguaya ha quedado convulsionada y conmocionada tras revelarse los horribles acontecimientos sucedidos en un centro de primera infancia en el departamento de Maldonado. La imputación con prisión preventiva de la dueña del establecimiento, tras causar un traumatismo de cráneo grave con peligro de vida a un bebé de apenas 16 meses, representa una alarma ética y social que no podemos ignorar. No estamos únicamente ante un hecho delictivo insólita y profundamente doloroso; nos enfrentamos a la exposición cruda de la vulnerabilidad extrema a la que se ven expuestos nuestros niños en espacios que deberían ser santuarios de cuidado, afecto y protección. Este dramático episodio refleja fallas estructurales que requieren una revisión profunda e ineludible por parte de toda la comunidad institucional.

RELATOS ESPANTOSOS

Los relatos sobre este caso resultan espantosos: desde tratos crueles, zamarreos y penitencias injustificadas a bebés, hasta la desatención deliberada de las indicaciones alimentarias solicitadas por sus padres. Más alarmante aún es el patrón de impunidad previa que rodea a la imputada, quien ya había sido despedida de una institución educativa anterior por conductas violentas, sin que ello fuera derivado a las autoridades judiciales por meras relaciones de amistad. Esta cadena de omisiones y complicidades informales permitió que la acusada abriera un nuevo centro y continuara ejerciendo violencia, culminando en la tragedia del pequeño de 16 meses. Resulta inadmisible que el silencio corporativo y la falta de controles efectivos faciliten la reincidencia de agresores en ámbitos de cuidado vulnerable.

Frente a esta lacerante realidad, la indignación ciudadana no debe limitarse al lamento ni a la justicia por mano propia a través de escraches virtuales. La indignación debe transformarse en acción legislativa concreta e inmediata. Por esta razón- hace pocas horas- he presentado formalmente un proyecto de ley que busca abordar de raíz esta problemática en todos los establecimientos de atención a la primera infancia, personas mayores y personas con discapacidad, tanto públicos como privados.

EL PROYECTO DE LEY

La iniciativa legislativa establece la instalación obligatoria de sistemas de videovigilancia en espacios comunes y áreas de cuidado de estas instituciones. Su propósito primordial es fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, detección e investigación frente a casos de maltrato, abuso, violencia o negligencia, especialmente en poblaciones que, por su edad o situación de dependencia, encuentran severos obstáculos para expresar o probar los abusos que sufren. Buscamos garantizar entornos donde la integridad física y el bienestar emocional de los más desprotegidos sean tutelados de forma inquebrantable.

El proyecto concibe a la tecnología como un instrumento complementario que aporta objetividad y transparencia. No busca sustituir la supervisión humana ni constituirse en una herramienta de persecución laboral, sino ofrecer garantías tanto a las familias como a los trabajadores que desempeñan sus tareas con idoneidad y compromiso. Un registro objetivo constituye el mejor escudo contra falsas acusaciones y la herramienta más eficaz para erradicar las conductas indebidas.

DERECHO A LA INTIMIDAD

Conscientes de la delicada frontera entre la seguridad y el derecho a la privacidad, la norma se ajusta estrictamente a la Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales. Se excluye de forma taxativa la grabación de audio, evitando una intrusión innecesaria en la intimidad. Asimismo, la obligación de instalar cámaras se restringe a zonas comunes, quedando totalmente prohibidas en baños, vestuarios o áreas de higiene. En dormitorios de centros residenciales, su instalación únicamente responderá a la solicitud explícita de los residentes o sus tutores.

El proyecto fija un plazo máximo de conservación de las imágenes de treinta días —salvo ante denuncias o investigaciones judiciales— y respeta la fiscalización de organismos como el INAU y el MSP. La aprobación de esta ley es un imperativo urgente para que ningún otro niño vuelva a sufrir en el silencio e impunidad. Proteger a la infancia no es una opción ideológica, sino un deber moral irrenunciable.