Como ciudadana salteña y vecina comprometida con la vida democrática del departamento, expreso una inquietud que comparten muchos contribuyentes. Es de público conocimiento que, en la Sesión de la Junta Departamental de Salto, tres ediles presentaron su renuncia durante el tratamiento de dicho ámbito. El hecho, en sí mismo, no sería cuestionable si no despertara interrogantes legítimas sobre sus motivaciones y consecuencias.

La pregunta que surge, y que merece una respuesta clara, es si estas renuncias están vinculadas a la eventual asunción de cargos en la Intendencia de Salto. De confirmarse tal situación, resulta difícil pensar que se trate de funciones menores o transitorias. La experiencia indica que, en no pocos casos, estos movimientos derivan en acomodos políticos con responsabilidades y remuneraciones elevadas, financiadas con recursos públicos.

No se trata de acusar sin pruebas, sino de transparencia. Los cargos públicos deben responder a necesidades reales de gestión y a criterios de idoneidad, no a compensaciones políticas que erosionan la confianza ciudadana. Quienes contribuimos con nuestros impuestos tenemos derecho a saber cómo y por qué se toman estas decisiones.

Espero sinceramente estar equivocada y que no sea esta la situación. Mi planteo nace del compromiso cívico y del deseo de una administración responsable, honesta y respetuosa de la ciudadanía.