En 1984, cuando el régimen de facto uruguayo transitaba sus últimos estertores y se dialogaba una salida institucional a una de las etapas más vergonzosas de nuestra historia, todavía se torturaba en los cuarteles. No se trataba de un contexto de guerra, ni de una amenaza real al orden constitucional —ya inexistente— sino de una práctica brutal, insensata y criminal ejercida desde el abuso absoluto del poder. La muerte del médico Vladimir Roslik en una unidad militar constituye una prueba irrefutable de que, aun derrotada política y socialmente, la dictadura seguía aferrada a métodos propios del terrorismo de Estado.

Tras la aplastante derrota del régimen militar en el plebiscito constitucional de 1980, la contundente victoria de las corrientes opositoras en las elecciones internas de 1982 y el multitudinario acto del Obelisco en 1983, el país había hablado con claridad. La sociedad reclamaba democracia, libertades y el fin de la represión. Solo podían subsistir, en ese escenario, focos aislados de irracionalidad enquistados en algunos cuarteles, capaces de creer que la tortura seguía siendo un instrumento válido para imponer el miedo.

Roslik fue torturado hasta la muerte

La detención, tormento y posterior muerte de Vladimir Roslik en abril de 1984 no fue un exceso ni un error: fue la consecuencia directa de un sistema que había naturalizado la violación de los derechos humanos. Roslik no cayó en combate ni murió enfrentando a nadie; fue torturado hasta la muerte estando bajo custodia del Estado. Ese hecho, ocurrido cuando ya se negociaba el retorno a la democracia, desnuda con crudeza el carácter moralmente indefendible del régimen.

Semanario Jaque de Manuel Flores Silva

El intento de ocultamiento fue inmediato. El silencio cómplice y el encubrimiento institucional buscaron borrar lo ocurrido. Fue el coraje periodístico del semanario Jaque, dirigido por Manuel Flores Silva, el que rompió ese cerco y denunció ante la opinión pública una tropelía que algunos pretendían sepultar en los archivos militares. Sin esa valentía, la verdad habría tardado aún más en emerger.

Nueve militares condenados

Décadas después, la Justicia volvió a pronunciarse sobre los operativos represivos realizados en San Javier en 1980 y 1984. En Fray Bentos, el juez Claudio de León condenó a nueve militares retirados por delitos de tortura, privación de libertad, lesiones y abuso de autoridad, con penas que van de 11 a 15 años y medio de penitenciaría. Si bien cumplirán prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme, el fallo tiene un valor jurídico y simbólico incuestionable.

Hechos plenamente probados

En su sentencia, el magistrado sostuvo que los hechos quedaron plenamente probados y los calificó como crímenes de lesa humanidad. Rechazó de manera categórica los argumentos de obediencia debida y afirmó que no existe marco jurídico alguno que legitime la tortura, ni siquiera bajo regímenes autoritarios. La tortura es siempre un crimen; no admite atenuantes ni excusas históricas. En el caso de Vladimir Roslik, la Suprema Corte de Justicia entendió en su momento, que se trataba de cosa juzgada, al haber sido cerrado el expediente bajo el viejo código del proceso, en base a una actuación de la Justicia militar durante la dictadura. Esa decisión deja una herida abierta, aunque no borra la responsabilidad histórica ni moral de lo sucedido.

Disculpas del Estado a las víctimas

El juez de León incluyó además un pedido expreso de disculpas en nombre del Estado uruguayo a las víctimas de los operativos de San Javier, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay. Ese gesto institucional es un reconocimiento necesario del daño causado.

Tortura y terrorismo de estado

Podrá discutirse, y de hecho se discute, si el país hizo bien o si se equivocó al perdonar a quienes se alzaron contra las instituciones democráticas, y también habrá opiniones encontradas sobre la aprobación de la Ley de Caducidad, ratificada por la ciudadanía en dos oportunidades. Pero lo que no admite dos puntos de vista es la condena absoluta a la tortura y al terrorismo de Estado. Ningún proyecto político, ninguna coyuntura histórica, ninguna ideología justifica el tormento ni la muerte de un detenido.