La regulación del transporte de pasajeros en Salto volvió al centro de la discusión. En una entrevista en el Streaming de Diario La Prensa, el presidente de la Unión Taximetrista de Salto, Daniel Mori, y su asesor legal, el Dr. Gabriel Cartagena, reclamaron que se intensifiquen los controles sobre los vehículos particulares que realizan viajes remunerados sin cumplir, con las exigencias establecidas para el servicio de taxi.

Los representantes del sector sostienen que el problema se arrastra desde hace años y consideran que la actual administración departamental comenzó a actuar mediante inspecciones y sanciones. Su planteo apunta a garantizar el cumplimiento de la normativa, proteger a los trabajadores que operan legalmente y brindar mayores garantías de seguridad a los usuarios.

Una competencia que reclaman dentro de la legalidad

Mori afirmó que la actividad informal afecta el trabajo de los taxistas habilitados y destacó que, en los últimos tiempos, se han realizado controles que derivaron en sanciones. La presencia de vehículos que ofrecen traslados por fuera del sistema representa una dificultad para quienes deben afrontar los costos de mantener sus empresas en regla.

Cartagena sostuvo que el objetivo de la Unión no es impedir el desarrollo de nuevas modalidades de transporte, sino exigir que todos los operadores trabajen bajo condiciones equivalentes. En ese sentido, mencionó las aplicaciones de movilidad, como Uber y Cabify, y señaló que el gobierno departamental impulsa una regulación para incorporar este tipo de servicios al marco normativo.

Para el abogado, la discusión debe centrarse en cómo integrar las nuevas alternativas sin desconocer las obligaciones legales vigentes. Mientras la normativa no cambie, corresponde que las autoridades la hagan cumplir.

Impuestos, seguros y habilitaciones, los costos de trabajar en regla

Uno de los principales argumentos de los taximetristas refiere a las exigencias económicas y administrativas que deben afrontar para desarrollar su actividad. Mori estimó que poner un vehículo en funcionamiento implica desembolsar alrededor de 4.000 pesos al comenzar la jornada, considerando distintos compromisos y costos operativos.

También el seguro de un taxi puede representar entre 80.000 y 100.000 pesos anuales por vehículo, debido a las coberturas vinculadas al transporte de pasajeros. A estos gastos se suman las obligaciones tributarias, los aportes correspondientes y las exigencias técnicas y administrativas.

Cartagena explicó que los taxis habilitados deben cumplir requisitos vinculados con la identificación del vehículo, la matrícula, las condiciones del conductor y el funcionamiento de los instrumentos de medición. También recordó que las unidades deben ajustarse a las características establecidas por la reglamentación departamental.

Desde la perspectiva del sector, estas obligaciones justifican que exista una fiscalización efectiva sobre quienes ofrecen el mismo servicio sin acreditar condiciones equivalentes.

La seguridad de los pasajeros, en el centro del debate

La preocupación por la seguridad fue otro de los puntos. Cartagena explicó que cuando se contrata un traslado informal, pueden existir dudas sobre la identidad y habilitación del conductor, el estado del vehículo y la cobertura del seguro.

El abogado sostuvo que la regulación no solamente busca proteger a las empresas de taxis, sino también ofrecer garantías a quienes utilizan el servicio. Señaló la importancia de contar con vehículos identificados y con seguros adecuados para responder ante eventuales accidentes.

Mori, manifestó preocupación por los jóvenes que recurren a alternativas de menor precio para trasladarse, especialmente durante las salidas nocturnas. Consideró que los usuarios deben evaluar las condiciones del viaje y no tomar la tarifa como único criterio de elección.

Las tarifas también están bajo discusión

En la oportunidad reconocieron que el precio del taxi es uno de los principales motivos de cuestionamiento por parte de la ciudadanía. Cartagena aclaró que las tarifas no son fijadas libremente por cada empresa, sino que se encuentran sujetas a los valores autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas y homologados por la Intendencia de Salto.

Existen aspectos que pueden mejorarse y afirmó que la comisión correspondiente trabaja para avanzar en ese sentido. También reconoció que las críticas de los usuarios por posibles cobros excesivos merecen atención.

En esa línea, plantearon la necesidad de dar mayor difusión a las tarifas oficiales, mediante su publicación en las paradas de taxis, la terminal de ómnibus y otros puntos de referencia de la ciudad.

El objetivo, es que los pasajeros conozcan los precios y puedan identificar con claridad las condiciones del servicio. También destacaron que numerosos taxis cuentan con terminales de pago electrónico, una alternativa que amplía las opciones para los usuarios.

Multas y controles

Las sanciones previstas para quienes realizan traslados remunerados sin autorización contemplan una multa inicial de 35 unidades reajustables, que puede duplicarse en caso de reincidencia, además del retiro de la matrícula del vehículo en las condiciones previstas por la normativa.

Cartagena explicó que comprobar estas infracciones requiere un procedimiento específico, que incluye consultar a los pasajeros si el traslado es gratuito o remunerado, así como conocer el origen y destino del viaje y el importe cobrado.

Mori estimó que podría haber alrededor de 80 vehículos vinculados a esta actividad, aunque distinguió entre quienes trabajan ocasionalmente y quienes desarrollan una actividad más sostenida.

La fiscalización presenta dificultades operativas, pero reclamaron que los controles continúen y se amplíen. Asimismo, destacaron el diálogo mantenido con el área de Movilidad Urbana y expresaron su expectativa de que las reuniones con las autoridades permitan avanzar hacia soluciones concretas.

Un debate que exige respuestas

La controversia entre los taxis habilitados y el transporte informal plantea desafíos que involucran la competencia, los costos, las tarifas y la seguridad de los pasajeros.

La Unión Taximetrista de Salto insiste en que el cumplimiento de las reglas debe alcanzar a todos los prestadores, al tiempo que reconoce la necesidad de mejorar la información sobre los precios y analizar aspectos del servicio cuestionados por los usuarios.