La situación habitacional en el departamento de Salto atraviesa momentos muy delicados. Así lo expresó la Esc. María Eugenia Almirón, encargada del Área de Vivienda del Gobierno departamental, en una entrevista de Canal 4 de Salto, al referirse a las irregularidades detectadas en la concesión de terrenos a cooperativas de vivienda durante la administración anterior. Según explicó, se trata de un problema con profundas implicancias legales, sociales y humanas que involucra a unas 63 cooperativas y alrededor de 1.200 familias, lo que representa aproximadamente 5.000 personas.

Almirón señaló que el análisis de esta realidad debe hacerse desde dos miradas complementarias, la jurídica y la social. “Una cosa es la visión legal, desde el punto de vista profesional, y otra muy distinta es el impacto social que tiene una resolución de esta naturaleza”, afirmó, subrayando que la prioridad del actual gobierno es encontrar soluciones dentro del marco de la ley.

Permisos de uso precarios y terrenos sin fraccionar

Uno de los puntos centrales del conflicto radica en la naturaleza de los permisos otorgados. La mayoría de las cooperativas recibió “permisos de uso” y no comodatos ni títulos formales de propiedad. Según explicó Almirón, estos permisos son de carácter precario y carecen de la solidez jurídica necesaria para garantizar derechos adquiridos.

“Para identificar un inmueble se necesita un número de padrón, del mismo modo que un vehículo tiene matrícula y chasis”, ejemplificó. En este caso, muchos de los terrenos fueron otorgados sobre fracciones mayores sin individualización, sin fraccionamiento aprobado y sin los servicios básicos exigidos por la Ley de Ordenamiento Territorial, como saneamiento, agua potable, energía eléctrica y apertura de calles.

Estas carencias hacen que los permisos puedan extinguirse fácilmente, ya sea por falta de aprobación de la Junta Departamental o por el cambio de administración. “El orden de las papas sí altera el puré”, remarcó dejando en claro que no se puede avanzar en soluciones definitivas sin cumplir previamente con los requisitos legales.

Solo siete cooperativas con viabilidad real

Tras una intensa ronda de reuniones, el Área de Vivienda ya mantuvo encuentros con más de 50 cooperativas. El diagnóstico es contundente: de las 63 existentes, solo siete presentan alguna posibilidad real de viabilidad. En estos casos, los terrenos se encuentran próximos a redes de saneamiento u otros servicios, lo que permitiría avanzar en procesos de regularización.

Donde ya existen construcciones, es precisamente en aquellos predios con mejores condiciones de infraestructura. Sin embargo, aclaró que estas situaciones no se dan en la Chacra Municipal, sino en otros puntos del departamento.

Trabajo conjunto con FUCVAM y alternativas sociales

Consciente del impacto humano del problema, la Intendencia de Salto decidió trabajar en coordinación con Fucvam y otras instituciones. El objetivo es contener a las familias afectadas y analizar alternativas habitacionales acordes a su realidad socioeconómica.

Almirón explicó que no todas las personas que integran cooperativas cuentan con la capacidad económica que exige el sistema cooperativo tradicional. En esos casos, se evalúa su inclusión en programas de vivienda social, que manejan criterios más flexibles y mayores niveles de subsidio. “No se trata de dejar a la gente a la deriva, sino de encontrar el programa adecuado para cada situación”.

Cumplir la ley para encontrar soluciones duraderas

Consultada sobre las responsabilidades políticas, Almirón evitó señalar culpables y puso el foco en la gestión actual. “Nosotros estamos resolviendo y poniendo todo desde la Intendencia para dar soluciones donde las hay, y comunicando con claridad donde no es posible avanzar”. La Intendencia no puede exigir al sector privado lo que ella misma no cumple. “Tenemos que ponernos del lado correcto de la ley. Es lo lógico y es lo responsable”.