Después de mas de cinco horas de audiencia, ayer a la tarde, la jueza Dra.Lorena Juliano aceptó el pedido de la Fiscal Dra. Sandra Fleitas y formalizó la investigación contra el ex senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, a quien se lo imputó por los delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de falsificación ideológica, en este caso como autor mediato, y con un delito de utilización de información privilegiada.

El caso que involucra a Charles Carrera, ex senador y jerarca del Ministerio del Interior, ha generado revuelo político y jurídico. Según la fiscal Fleitas, Carrera utilizó su cargo para beneficiar de forma indebida a un civil herido en 2012, ordenando su internación en el Hospital Policial y gestionando pagos mensuales con fondos públicos, violando normas y ocultando la verdadera situación del beneficiado.

Bala perdida

Todo comenzó tras un confuso episodio en Rocha, donde Víctor Hernández, un civil, fue alcanzado por una bala perdida. La herida fue grave: perdió movilidad en sus piernas. En ese momento, Carrera era Director General de Secretaría del Ministerio del Interior, un cargo con alta jerarquía y control presupuestal. Desde esa posición, ordenó que Hernández fuera ingresado como si fuera funcionario policial, algo que no estaba permitido por la normativa vigente.

Internación bajo engaño

La fiscal explicó que para que Hernández pudiera ser atendido en el Hospital Policial, se falsificó su condición de ingreso, haciéndolo pasar como “suboficial ayudante”, aunque jamás había ocupado tal cargo. Esta acción no fue un error administrativo: fue una orden directa de Carrera al entonces director del hospital, el doctor Leonardo Anzalone. Según el propio Anzalone, "las órdenes se cumplen, no se discuten", lo que indica que actuó bajo obediencia jerárquica, una figura contemplada por el Código Penal que exime de responsabilidad cuando no hay capacidad de cuestionar la orden.

El engaño no solo fue verbal: quedó plasmado en documentos públicos como la historia clínica de Hernández, donde figura con un cargo inexistente, lo que configura, según la Fiscalía, el delito de falsificación ideológica por parte de Carrera como autor mediato, es decir, quien da la orden pero no ejecuta directamente el acto.

Tíckets de alimentación sin respaldo legal

Además de la internación, el Estado entregó 20.000 pesos mensuales en tickets de alimentación a Hernández y sus familiares entre 2013 y 2016. Esta suma, cercana a los 1.000 dólares mensuales, provenía de un fondo destinado exclusivamente a funcionarios policiales activos o retirados. Carrera habría ordenado estos pagos sin que existiera base normativa para hacerlo, usando su conocimiento como jerarca para manipular los procesos internos.

Cada entrega quedó registrada en documentos firmados y sellados, lo que refuerza la acusación de que no se trató de un simple acto administrativo aislado, sino de un uso indebido de información privilegiada y recursos públicos.

USO DE PODER E INFORMACIÓN RESERVADA

La fiscal Fleitas enfatizó que los delitos imputados no requieren que el daño sea a título personal. Basta con que exista un perjuicio al Estado y un beneficio económico para un tercero, como en este caso. Carrera, en su rol de ordenador de gastos, tenía el deber legal de garantizar que los fondos se usaran conforme a su destino. Al actuar fuera del marco legal, habría cometido fraude y abuso de poder.

También se remarcó que no existe hasta el momento ningún documento legal que justifique la internación ni el pago de los beneficios. No hay convenios firmados, ni constancias de reembolso por parte del beneficiado, lo cual refuerza la idea de que se actuó sin respaldo formal ni jurídico.

PRÓXIMOS PASOS

La formalización no es una condena, pero sí significa que la justicia considera que hay pruebas suficientes para seguir adelante con la investigación penal. Carrera seguirá siendo investigado, y si se reúnen más pruebas, podría enfrentarse a un juicio oral y público. Por ahora, el caso queda abierto, y se convierte en una señal fuerte sobre el control del uso de recursos públicos y el respeto a la normativa en la función pública. Lo que está en juego no es solo la conducta de un exjerarca, sino la confianza de la ciudadanía en las instituciones.