Tras más de una década de proceso judicial, la Justicia uruguaya confirmó la responsabilidad de UTE en la muerte de Gabriela Galvalisi Kemayd, una licenciada en oftalmología muy querida en el departamento de Salto, quien falleció en 2010 tras un accidente doméstico en la terraza de su vivienda.

El caso, que marcó profundamente a la sociedad salteña, tuvo finalmente una sentencia firme en segunda instancia en marzo de 2026, cerrando un extenso litigio que se inició en 2013. Los abogados Anny Falletti y Héctor Lacoste, quienes representaron a la familia de la víctima, dieron a conocer los detalles del proceso y el resultado judicial. Gabriela se encontraba realizando tareas de mantenimiento en la azotea de su casa cuando sufrió una caída. Sin embargo, lo que en otras circunstancias podría haber sido un accidente no fatal, derivó en su muerte debido a la presencia de cables eléctricos en condiciones irregulares.

La clave del fallo, negligencia en la infraestructura eléctrica

El eje central del juicio fue determinar la relación causal entre el accidente y la responsabilidad de la empresa estatal. Según explicó el abogado Héctor Lacoste, la resolución judicial se apoyó fuertemente en peritajes técnicos que resultaron determinantes. Los informes coincidieron en dos aspectos destacados, por un lado, el incorrecto emplazamiento de los cables eléctricos sobre el pretil de la vivienda; por otro, la falta de protección adecuada en dichas instalaciones. “Si los cables no hubieran estado ahí, o si hubieran contado con la protección correspondiente, el desenlace no habría sido fatal”. En ese sentido, el tribunal concluyó que la responsabilidad de UTE fue plena, descartando cualquier incidencia causal por parte de la víctima. El fallo ratificó lo resuelto en primera instancia, donde ya se había determinado el pago de indemnizaciones por daño moral y lucro cesante a los familiares.

Un proceso largo y marcado por obstáculos

Uno de los aspectos más llamativos del caso fue la duración del juicio, 13 años de litigio continuo. Lejos de tratarse de una paralización del expediente, los abogados explicaron que el proceso estuvo activo, pero enfrentó serias dificultades, especialmente en la obtención de peritajes. En Uruguay, señalaron, existe una escasez de técnicos prevencionistas especializados en electricidad, lo que complicó la designación de peritos. Además, muchos profesionales se negaban a intervenir en un caso contra UTE o mantenían vínculos laborales con el organismo. “Pasamos años buscando un perito que aceptara. Incluso hubo que notificar a técnicos en distintas partes del país”, relató Falletti. El primer peritaje, realizado por un especialista de Atlántida, fue impugnado por la empresa estatal, lo que obligó a iniciar nuevamente la búsqueda. Este contratiempo significó varios años adicionales de demora. Finalmente, una segunda pericia, realizada por una técnica joven, volvió a confirmar las conclusiones iniciales, reforzando la posición de la parte demandante.

El impacto en la familia, una espera atravesada por pérdidas

Durante los 13 años que duró el proceso, la familia de Gabriela atravesó momentos difíciles. La demanda fue iniciada por su madre y sus hijos, pero con el paso del tiempo algunos de los demandantes fallecieron, incluyendo la madre, quien alcanzó a conocer el fallo de primera instancia, pero no la resolución definitiva. “El proceso fue muy duro, no solo por lo judicial, sino por todo lo que implicó a nivel humano”. A pesar de ello, los abogados destacaron que nunca se abandonó el caso, aun cuando hubo momentos en que la familia llegó a pensar que no habría resolución. Los beneficiarios de la indemnización serán los herederos de los demandantes originales, en un proceso que también requirió adaptaciones legales debido a los cambios en la composición familiar.

Indemnización y pasos pendientes

Si bien la sentencia ya es firme, el monto de la indemnización no fue divulgado por razones de secreto profesional. No obstante, se confirmó que incluye compensaciones por daño moral y lucro cesante. El pago, según explicaron los abogados, deberá realizarse en una sola vez y no en cuotas. Sin embargo, aún no hay una fecha definida para que UTE cumpla con la obligación, lo que agrega un nuevo grado de incertidumbre para los beneficiarios. “Ahora dependemos de la voluntad de la empresa para que efectivice el pago”. Además, todavía resta culminar un trámite adicional vinculado al cálculo del lucro cesante, lo que podría extender el proceso en el corto plazo.

Más allá del caso, un llamado a la prevención

Para los abogados, el resultado del juicio trasciende la reparación económica. Consideran que el fallo puede servir como antecedente para mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas y evitar situaciones similares. “Esto también busca que UTE tome conciencia de las falencias en determinados sistemas”. El caso pone sobre la mesa la importancia de la prevención en infraestructuras que, de no cumplir con los estándares adecuados, pueden tener consecuencias fatales.

Justicia tardía, pero justicia al fin

El cierre del proceso deja sensaciones encontradas. Por un lado, la satisfacción de haber logrado una sentencia favorable tras años de trabajo. Por otro, la certeza de que ninguna indemnización puede compensar la pérdida de una vida. “Si bien nada devuelve a Gabriela, al menos se logró que alguien respondiera por la negligencia”. El caso refleja, además, las dificultades estructurales del sistema judicial, donde la falta de recursos técnicos puede extender los tiempos más allá de lo razonable. Aun así, para la familia y sus representantes legales, el resultado marca el final de un largo camino y el reconocimiento de una verdad que tardó más de una década en consolidarse, que la muerte de Gabriela pudo haberse evitado.