Un vecino identificado como Juan, residente del barrio La Amarilla, se comunicó con Diario La Prensa para manifestar su preocupación ante la posibilidad de que varias familias sean desalojadas de los terrenos donde viven desde hace años.

Juan habló en representación de un grupo de vecinos afectados y relató que muchas de las familias construyeron sus viviendas en predios municipales que fueron cedidos durante la administración del exintendente Andrés Lima. Actualmente, hay aproximadamente 70 familias con orden de realojo, entre ellas 5 que residen en la zona de calle Rambla Ceibal, próximo a una cañada y al puente del barrio.

Años de inversión y esfuerzo

Los vecinos sostienen que durante años edificaron sus hogares con autorización y conocimiento de autoridades municipales, invirtiendo ahorros, préstamos y trabajo propio. “Algunos hace más de cinco, ocho y hasta once años que vivimos acá”, expresó Juan, uno de los residentes afectados. Afirmó además que existen documentos y fotografías que respaldan la entrega de terrenos por parte de la intendencia.
“Tenemos papeles firmados y fotos de ese día en el diario”. Los testimonios reflejan la angustia de quienes levantaron sus casas de forma progresiva y hoy temen perderlo todo.

Historia de vida y sustento económico

Juan contó que durante años trabajó junto con su esposa en la cosecha de naranja para ahorrar dinero y poder construir una vivienda de material. “Pasamos años trabajando y ahorrando, sacamos préstamos que todavía estamos pagando”, contó. Según explicó, logró construir una casa de dos plantas con baño completo, revestimiento y cochera. Además, instaló un pequeño almacén que actualmente constituye el principal sustento económico de su familia. “Pude salir de la naranja y poner un almacén. Es mi única fuente de ingresos”, explicó. El vecino teme que un eventual traslado a viviendas sociales afecte directamente su economía familiar. “Me pueden dar otra vivienda, pero pierdo el almacén y todo lo que me permite mantener a mi familia”.

Servicios y reclamos

“Nuestras viviendas cuentan con todos los servicios: UTE, OSE, ANTEL, alumbrado público y saneamiento, todos al día. Reclamamos por falta de respuestas claras”. Los residentes aseguran que hasta el momento no existe una orden judicial de desalojo, aunque afirman haber recibido advertencias y notificaciones informales por parte de la directora de viviendas, sobre un plazo de 30 días para un posible realojo o la demolición de los hogares. Según relataron, en reuniones realizadas recientemente se plantearon condiciones para ser reubicados, entre ellas disposiciones sobre mascotas y modificaciones en las viviendas. “No es lo mismo vivir en una vivienda que tener un terreno”, expresó Juan, quien aseguró que en su hogar actual dispone de espacio para herramientas de trabajo, vehículos y actividades familiares.

Falta de soluciones concretas

El vecino también cuestionó la falta de soluciones para quienes dependen económicamente de emprendimientos instalados en el lugar. “No tengo fondos para alquilar un local y mover el almacén”, indicó. Además, afirmó que durante años funcionarios y técnicos visitaron el barrio e incluso supervisaron construcciones sin advertir sobre posibles irregularidades. “Vinieron arquitectos y asistentes sociales, y nunca nos dijeron que paremos las obras”, sostuvo.

Posible movilización de vecinos

Ante la incertidumbre, los vecinos evalúan realizar movilizaciones y reclamos públicos para visibilizar la situación. Entre las medidas que manejan se encuentran manifestarse durante actividades oficiales y concurrir a la intendencia para solicitar respuestas. Incluso, algunos residentes no descartan manifestarse en futuras visitas oficiales del presidente de la República a Salto. “Queremos alguna solución con la posibilidad de quedarnos en nuestros hogares”, expresó Juan. Muchas familias sienten que no pueden reorganizar su vida de un día para el otro, especialmente después de años de inversión y trabajo.“Tenemos fotos de cómo era la zona, un basural, y nosotros convertimos el lugar en un espacio limpio y digno para vivir. Claramente se puede apreciar en las imágenes el antes y el ahora en tiempo real. Somos ciudadanos, padres de menores, responsables con la sociedad, que nos pusimos de pie y sacamos a nuestras familias adelante, queriendo pagar todos los impuestos correspondientes”.