Bolivia despejó esta semana sus rutas tras 50 días de bloqueos que generaron desabastecimiento y agravaron la atención médica en las principales ciudades, mientras el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta el desafío de reactivar la economía y restablecer el diálogo con los sectores que paralizaron el país. Las protestas, iniciadas el 6 de mayo por organizaciones sindicales y campesinas que exigían la renuncia del presidente, dejaron al menos 16 muertos —13 de ellos por falta de atención médica oportuna— y pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares. Los puntos de corte llegaron al centenar, concentrados principalmente en la zona andina y el centro del país.

El sábado previo al levantamiento, Paz decretó el estado de excepción para habilitar la intervención conjunta de policías y militares en el despeje de carreteras. La medida se ejecutó hasta el martes prácticamente sin incidentes, ya que en la mayoría de los puntos conflictivos no quedaban manifestantes. Con las rutas habilitadas, camiones con alimentos comenzaron a llegar a los mercados de La Paz y El Alto. Los precios empezaron a ceder: 30 huevos, que durante el conflicto se vendían entre 65 y 70 bolivianos (10 dólares), bajaron a 30-35 bolivianos (5 dólares).

Paz declaró ante la prensa que el bloqueo “ha sido derrotado, no puede retornar” y que Bolivia “se tiene que ordenar” para no repetir esta situación. Llamó a “construir y desarrollar un país donde todos los bolivianos se sientan con la oportunidad de crecer” y aseguró que seguirá dialogando con todas las organizaciones como “parte del reencuentro entre todos los bolivianos”.