El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó este lunes su comparecencia ante la Corte Suprema en el marco de una investigación por su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata de la primera vez que el ex mandatario enfrenta directamente al Supremo Tribunal Federal (STF) en un proceso que podría marcar un antes y un después en la historia democrática del país.

La Fiscalía General acusa a Bolsonaro, de 70 años, de encabezar una “organización criminal” que habría conspirado para desconocer el resultado electoral y evitar la toma de posesión de Lula. Aunque el supuesto intento de golpe fracasó por la falta de apoyo de los altos mandos militares, el expresidente y otros siete ex colaboradores enfrentan cargos graves, que podrían implicar hasta 40 años de prisión.

Un juicio sin precedentes bajo la democracia brasileña

El proceso judicial será transmitido en vivo desde la sede del STF en Brasilia, uno de los edificios atacados por simpatizantes bolsonaristas en enero de 2023 en una acción que la fiscalía también vincula al exmandatario. Según el cronograma del tribunal, Bolsonaro es el sexto en declarar, por lo que se espera que lo haga entre el martes y el miércoles. El interrogatorio será además el primer cara a cara entre Bolsonaro y el juez Alexandre de Moraes, a quien el exmandatario ha calificado reiteradamente como “dictador”. Moraes será uno de los encargados de interrogar a los acusados, junto a representantes del Ministerio Público y las defensas.

Testimonios clave y división en las filas del bolsonarismo

Entre los coacusados se encuentran exministros, exjefes de la Marina y de la inteligencia brasileña, y el exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, cuya colaboración con la fiscalía ha sido decisiva para identificar a los implicados y revelar el intercambio de información que sustentaría el intento de subversión. Cid es considerado hoy un traidor por el núcleo duro bolsonarista, pero sus declaraciones han sido fundamentales para sustentar la tesis de la Fiscalía. El plan, según las investigaciones, incluía incluso la posibilidad de asesinar a Lula y al juez Moraes, y la instauración de un estado de sitio para anular los comicios.