Este jueves 27 de agosto está previsto que termine el proceso de consultas con el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha buscado legitimar las reformas constitucionales surgidas de la orden que Ortega dio el pasado 19 de julio para impedir que sus adversarios puedan volver al poder mediante elecciones.

Hasta el 22 de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional y coordinador de la Comisión Especial de Carácter Constitucional, Gustavo Porras, contabilizaba 92.832 participantes de 25 sectores, tanto presencialmente como mediante conexiones virtuales. La meta anunciada es completar 30 encuentros.

Por las consultas han pasado militares, policías, funcionarios públicos, alcaldes, empresarios, banqueros, mineros, trabajadores de zonas francas, universidades, docentes, estudiantes, comunicadores, artistas, emprendedores, médicos, deportistas, representantes de iglesias, transportistas y comerciantes, entre otros.

Más que consultas ha sido un desfile de respaldos de sectores afines o subordinados. A un día de su conclusión no se conoce públicamente una sola objeción planteada dentro de las sesiones por alguno de los sectores convocados. Las crónicas oficiales hablan de “respaldo unánime”, “firme respaldo”, “confianza”, “esperanza” y “apoyo”. No hay constancia pública de una propuesta de los participantes que haya obligado a modificar sustancialmente el proyecto.

La composición de las consultas tiene otra particularidad: entre quienes han representado o acompañado a los sectores convocados están los propios hijos de quienes ordenaron las reformas. Daniel Edmundo Ortega Murillo ha intervenido por los comunicadores; Camila Ortega Murillo, por las Mipymes y la economía creativa; Laureano Ortega Murillo, por empresarios, inversionistas y otros sectores económicos; y Maurice Ortega Murillo, por los deportistas. Rafael Ortega Murillo estuvo presente en al menos una sesión, aunque no se conoce una intervención suya.