La condena a 11 años de prisión impuesta a Ofelia Hernández Salas, más conocida como doña Lupe, marca el fin de una de las operaciones de tráfico de migrantes más grandes y prolongadas en la frontera entre México y Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demostró que la mexicana, de 64 años, dirigía una organización protegida por el Cartel de Sinaloa. Desde al menos 2018, facilitaba cruces ilegales y cobraba hasta USD 70.000 por persona. Este caso ilustra el alcance global, financiero y humano del tráfico ilegal de personas: la red abarcaba decenas de países, integraba a funcionarios y empleaba violencia contra sus propios clientes.

Miles de migrantes, decenas de países y violencia sistemática

La red de Hernández Salas funcionó a escala multinacional. Sus servicios incluyeron migrantes de Bangladesh, Yemen, Pakistán, India, Emiratos árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, según la acusación presentada ante el tribunal federal en Arizona y citada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La investigación concluyó con la detención de la líder. La organización recogía migrantes en estaciones de autobús en la ciudad fronteriza de Mexicali, los trasladaba a casas de seguridad y posteriormente los guiaba por el desierto de California. Los métodos incluían escalar la valla oxidada que divide a México de EE. UU., sortear canales con tablones de madera o excavar bajo el muro.

Durante la travesía, miembros armados de la red robaban a los migrantes dinero, teléfonos y pertenencias. “Los cruces fronterizos ilegales ya son increíblemente peligrosos; esta acusada solo aumentó el potencial de peligro mortal que enfrentaban al añadir el robo a sus actos criminales”, afirmó A. Tysen Duva, vicefiscal general de la División Criminal del Departamento de Justicia.