El gobierno del presidente Lula da Silva decidió revocar el decreto que incluía a los ríos amazónicos Tapajós, Madeira y Tocantins en el programa nacional de privatizaciones. Estos ríos, verdaderas "autopistas" por donde sale gran parte de la soja brasileña hacia el mundo, es conocido como  el Arco Norte.

El plan original del Palacio del Planalto era dar estos tramos en concesión para mejorar la logística, pero se toparon con un muro de resistencia indígena que duró semanas. La presión fue total: hubo una ocupación de 33 días en la sede de la multinacional Cargill en el estado de Pará y hasta una movilización fluvial donde los indígenas interceptaron una balsa cargada de granos en pleno río Tapajós.

Lideres  indigenas dejaron claro que el río no es una simple hidrovía para el agronegocio, sino que es su forma de vida misma.

El conflicto terminó salpicando la interna del gobierno, ya que diputadas de la base aliada, como Sâmia Bomfim, se sumaron a las quejas de los manifestantes.

Finalmente, el secretario, Guilherme Boulos, anunció la marcha atrás, admitiendo que la decisión se tomó tras escuchar los reclamos sobre los impactos socioambientales y la existencia de sitios arqueológicos en la región.