El expresidente de Colombia Álvaro Uribe fue sentenciado a una pena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una histórica decisión que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país. El exgobernante derechista de 73 años también será inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.

Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares. El anuncio oficial de la pena que se le impone se conocerá en una audiencia en Bogotá este viernes a las 19:00 central. La decisión es la punta del iceberg de otras investigaciones que relacionan al exmandatario con escuadrones responsables numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.

Horas antes de conocer su pena, el líder de la derecha colombiana aseguró en la red X que se refugia en sus seres queridos y "fundamentalmente la oración". La defensa de Uribe anunció que apelará la decisión en un fallo que consideran politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.

Demanda contra Petro

En orillas políticas opuestas, Uribe y el presidente Gustavo Petro chocan con frecuencia sobre este caso.

Los abogados del exgobernante interpusieron una denuncia contra Petro por "hostigamiento y calumnia" ante una comisión de la Cámara baja con facultades para investigar a los mandatarios, según indicaron este viernes en un comunicado.

Los juristas aseguran que durante la semana Petro profirió acusaciones infundadas contra Uribe, atribuyéndole crímenes como narcotráfico.

Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

"Y hay que pensar mucho más en la solución que en el problema. Por eso estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material", escribió el expresidente.

Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario. En 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.