Más de 1,7 millones de jubilados cubanos cobran pensiones de menos de 10 dólares mensuales y deben hacer fila desde las cinco de la mañana frente a los bancos para intentar retirar un efectivo que, con frecuencia, no está disponible. Esa es la cara más visible del colapso del programa de bancarización impulsado por el régimen de Cuba tres años atrás, un proceso que prometía modernizar la economía y que hoy es reconocido incluso por la prensa oficialista como “un problema social”.

El caso del periodista jubilado Arturo Chang, de 74 años, resume la arbitrariedad del sistema. Días atrás, Chang intentó pagar 10 panes en un negocio privado de Santa Clara con 100 billetes de cinco pesos, dinero que el propio banco estatal le había entregado como pensión. La empleada del establecimiento se negó a aceptarlos. Su pensión máxima es de 3.653 pesos cubanos mensuales, el equivalente a menos de 10 dólares. “Sin dudas, es una cadena en la cual el eslabón que siempre se rompe es el de los clientes, sobre todo, los más envejecidos”, escribió Chang en el periódico Trabajadores, recogido por el portal CiberCuba.

Los jubilados son el grupo más golpeado por la escasez de liquidez, en parte porque la mayoría carece de teléfonos inteligentes y no puede recurrir a los pagos electrónicos que la dictadura promueve como solución. La brecha tecnológica los obliga a depender del efectivo en un sistema donde los cajeros automáticos están vacíos o directamente fuera de servicio.

En La Habana, más del 50% de los cajeros ya no funcionaban en mayo, según datos publicados por CiberCuba. El Banco Metropolitano habría reducido, además, el límite de retiro a 3.000 pesos por operación, por debajo del propio tope legal de 5.000 pesos fijado en 2023.