El Gobierno de Venezuela defendió este lunes la deportación a Estados Unidos de Alex Saab —señalado como testaferro de Nicolás Maduro— y argumentó que la medida respondió a los intereses del país y a que el empresario es ciudadano colombiano, no venezolano. Un tribunal federal de Miami lo acusó nuevamente de lavado de dinero horas después de que se confirmara su entrega. La presidenta encargada Delcy Rodríguez calificó la deportación, efectuada el sábado, como “una medida administrativa justificada en los intereses nacionales”, según declaraciones difundidas por el canal estatal VTV. Rodríguez subrayó que Saab “cumplió funciones en Venezuela” pero que se trata de “asuntos entre Estados Unidos y Alex Saab”, limitando así la responsabilidad del Ejecutivo en el proceso.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, fue más explícito en la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): afirmó que Saab cometió “fraudes de todo tipo” que están siendo investigados y que portaba una cédula de identidad venezolana “fraudulenta” desde 2004. “No hay ningún expediente que certifique que esa persona sea venezolano”, sostuvo Cabello, quien invocó el artículo 271 de la Constitución venezolana para justificar la expulsión de extranjeros implicados en delitos como lavado de capitales y crimen organizado.

Cabello agregó que, al ser interrogado sobre su número de cédula, Saab respondió que no lo recordaba, lo que derivó en una investigación que destapó presuntas irregularidades financieras contra el Estado. También señaló, citando a organismos de inteligencia estadounidenses y al propio abogado del empresario, que Saab habría incumplido acuerdos cuyo contenido no precisó.