La estafa disfrazada de inversión ganadera, dejó un vacío de más de 250 millones de dólares y afectó a más de 6000 personas, entre ellas, grandes y pequeños inversores. El esquema, fue la clásica estafa Ponzi, sacudió la confianza en el sistema financiero ligado a la producción agropecuaria. Entre los estafados, se encuentran unos 60 inversores argentinos, según informó el diario La Nación de Buenos Aires.

El colapso comenzó el año pasado cuando el Grupo Larrarte fue denunciado por apropiación indebida, asociación para delinquir, estafa y lavado de activos. La empresa, que rápidamente entró en concurso de acreedores, fue la primera ficha en caer, desencadenando un efecto dominó que arrastró a República Ganadera y Conexión Ganadera. Esta última, considerada el mayor fondo ganadero del Uruguay, manejaba alrededor de 400 millones de dólares provenientes de inversores de diversos tamaños.

Altas tasas de interés prometidas

Aunque las tres empresas eran independientes entre sí, todas operaban con el mismo mecanismo: captaban dinero de terceros para supuestamente invertir en ganado, prometiendo tasas de interés muy superiores a las del mercado. Trascendió que las tasas de interés alcanzaban el 11,3% en dólares, cuando la rentabilidad tradicional en el ámbito ganadero ronda entre el 3% y el 4% en el mejor de los casos. Esta rentabilidad tan atractiva era parte de la trampa: los inversionistas compraban bonos vinculados a la compra y engorde de ganado, pero el sistema se sostenía únicamente mientras entrara nuevo capital.

Grupo Larrarte: el primero en colapsar

El Grupo Larrarte, con un fondo de aproximadamente 20 millones de dólares, fue el primero en colapsar a mediados del año pasado, exponiendo la fragilidad del sistema y generando una corrida. La incertidumbre llevó a los inversionistas a retirar su dinero de otros fondos, precipitando la caída de República Ganadera, que administraba unos 80 millones de dólares, y finalmente de Conexión Ganadera, el fondo más grande con cerca de 400 millones de dólares.

Accidente de Basso

El mortal accidente automovilístico de Gustavo Basso, el principal directivo de Conexión Ganadera, ocurrido en noviembre pasado, agravó la crisis y aceleró el colapso definitivo de la empresa. Con su muerte, surgieron aún más dudas sobre la gestión y el estado real de los activos de la compañía.

Aunque los negocios financieros están supervisados por el Banco Central, estos fondos se amparaban en el modelo de capitalización de ganado, lo que les permitía operar sin control efectivo. Como resultado, no existía garantía alguna de que el dinero invertido se destinara realmente a la compra de ganado. Ahora se sabe que en realidad, se utilizaba para pagar intereses a inversionistas previos.

Entre 50 mil y 800 mil dólares de inversionistas

Las consecuencias han sido devastadoras. Se estima que los inversionistas podrán recuperar, en el mejor de los casos, entre el 10% y el 15% de su dinero. Las inversiones van desde 50.000 hasta 800.000 dólares, y las denuncias penales presentadas ya superan las 50.

4.200 inversores perjudicados

El colapso de Conexión Ganadera dejó a 4200 inversores perjudicados, mientras que República Ganadera sumó 1600 más. Las pérdidas se agravan con la constatación de que, de los 400 millones de dólares que manejaba Conexión Ganadera, apenas quedarían 150 millones en activos.

Blanqueo de capitales

La falta de regulación y supervisión adecuada ha sido señalada como uno de los factores clave en el colapso del sistema. La fiscalía de lavado de activos investiga actualmente el caso, con cooperación internacional de Argentina y Paraguay, ante sospechas de que estas estructuras fueron utilizadas también para el blanqueo de capitales. Medidas como el cierre de fronteras y la entrega de documentos por parte de los representantes de las empresas ya están en curso, mientras se intenta verificar el origen de los fondos involucrados.

Inversiones no reguladas...

A medida que avanzan las investigaciones, el escándalo deja en evidencia no solo el riesgo de inversiones no reguladas, sino también la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control en el sector agropecuario uruguayo. Para los miles de afectados, el camino hacia la recuperación de sus ahorros aún es incierto y el impacto de esta estafa sigue resonando fuerte dentro y fuera del país.