La Cámara de Zonas Francas del Uruguay pidió este miércoles al Parlamento que elimine del proyecto de presupuesto los artículos que establecen un impuesto mínimo global a las grandes multinacionales. Se trata de la iniciativa del gobierno que apunta a que empresas con facturación superior a 750 millones de euros al año tributen en Uruguay y no en los países donde se ubican sus casas matrices. En un comunicado, la gremial empresarial advirtió que la medida vulnera la seguridad jurídica y podría derivar en juicios nacionales e internacionales, ya que no deja a salvo los contratos vigentes firmados bajo la actual normativa. Recordó que el régimen de zonas francas, en funcionamiento desde 1987, está consolidado como política de Estado y ha sido respaldado por todos los partidos desde el retorno de la democracia.

Zonas francas generan el 6,6% del PBI

Los empresarios señalan que las zonas francas generan el 6,6% del PIB, más de 66.000 empleos directos e indirectos y el 40% de las exportaciones, y sostienen que por cada dólar exonerado se producen siete de valor agregado. A su entender, aplicar el nuevo impuesto en un contexto de incertidumbre global sería “inoportuno e innecesario”, ya que desalentaría inversiones y pondría a Uruguay en desventaja frente a la región, donde ningún país lo aplica, salvo Brasil.

Impuesto defendido por Ministro Oddone

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, defiende la iniciativa y afirmó que no cambia las reglas de juego, ya que no implica un tributo nuevo, sino la localización en Uruguay de impuestos que las empresas ya pagan en otros países. También indicó que el gobierno viene dialogando con representantes de multinacionales radicadas en el país para analizar la aplicación del impuesto.