El fiscal de Delitos Complejos de primer turno, Alejandro Machado, espera nuevos informes antes de comenzar a tomar declaraciones en la causa que investiga al astillero español Cardama por un presunto delito de estafa o fraude contra el Estado, vinculado al contrato para construir dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional. Según trascendió, las citaciones no comenzarán hasta que la Fiscalía reciba la investigación administrativa del Ministerio de Defensa. Ese informe concluyó que la adjudicación del contrato en febrero de 2025 fue una “decisión política” y que no se evaluaron adecuadamente los riesgos operativos, financieros y contractuales. También resta identificar a los interlocutores de algunos audios enviados por WhatsApp y verificar varios correos electrónicos incluidos en la denuncia. Policía Científica trabaja en ese análisis para confirmar la autenticidad de esos materiales.

Denuncia en octubre…

La denuncia fue presentada en octubre por el gobierno debido a irregularidades en las garantías presentadas. Luego se agregaron peritajes que concluyeron que algunos documentos vinculados a esas garantías habrían sido falsificados.

Cardama no irá a conciliación

Ayer se supo que Cardama decidió retirarse de la instancia de conciliación que tenía prevista con el Estado uruguayo. La decisión la tomó, tras confirmarse que el gobierno confirmara la rescisión del contrato y anunciara que iniciará acciones para recuperar eventuales perjuicios para el Estado. La empresa comunicó su decisión a través del estudio jurídico Hughes & Hughes y la jueza Karen Ramos dispuso archivar el trámite.

La  comunicación del abogado de Cardama

“Entiende mi mandante que ya no hace sentido la conciliación solicitada y analiza otros caminos que considera más adecuados para la defensa de sus derechos”, se señala en el documento que presentó la empresa española. 

Orsi defendió la rescisión

Consultado sobre el tema, el presidente Yamandú Orsi defendió la cancelación del contrato y sostuvo que, tras ese paso, es normal que se activen distintos mecanismos legales. El mandatario indicó que el gobierno buscará resarcir al Estado y, al mismo tiempo, avanzar en la adquisición de patrulleras para el control del mar territorial.

¿Conflicto a arbitraje internacional?

Desde la oposición, el diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli consideró que el conflicto podría terminar en un arbitraje internacional. Según dijo, la empresa podría iniciar un juicio para defender sus intereses. En paralelo, el Parlamento continúa analizando el proceso de compra de las patrullas oceánicas. La comisión especial solicitó al Ministerio de Defensa varios informes y documentos vinculados al contrato y a la rescisión. Aún no fueron proporcionados.