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El Poder Ejecutivo presentó ayer una segunda ampliación de la denuncia penal por fraude o estafa en el contrato con el astillero español Cardama, encargado de la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. La ampliación incorpora una pericia de Policía Científica sobre la renovación de la garantía de fiel cumplimiento presentada en octubre por la empresa.

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