El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que agiliza la expropiación de bienes inmuebles abandonados y con deudas con el Estado, restando ahora únicamente la promulgación del Poder Ejecutivo para entrar en vigor. La iniciativa fue impulsada por la bancada del Frente Amplio (FA) y tuvo como principal promotor al senador frenteamplista y ex dirigente del Sunca, Óscar Andrade, como figura central en los debates sobre vivienda y suelo urbano. Su aprobación en tercera cámara cierra un trámite que ya había pasado por el Senado y por Diputados, donde recibió algunos ajustes, y representa la primera respuesta legislativa concreta del gobierno al problema de los inmuebles abandonados, sin uso y con deudas acumuladas que bloquean su reutilización.

Resolución que permitira agilizar expropiaciones

Bajo la normativa vigente, el proceso expropiatorio de inmuebles con deuda, principalmente impuestos municipales impagos, era lento y engorroso, lo que llevaba a las intendencias a desistir o a acumular causas sin resolución durante años. La nueva ley permite que el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales soliciten medidas provisionales, de seguridad edilicia, salubridad e higiene, de forma simultánea con la solicitud de toma de urgente posesión, sin necesidad de esperar a que el proceso judicial avance. Para eso deberán contar con un informe técnico y notificación al propietario.

Hasta se habilita la toma de posesión del inmueble antes de que se fije la indemnización definitiva, con la condición de que se consigne judicialmente una suma provisoria fijada por el tribunal. Cuando el inmueble registre deudas con el organismo expropiante, ese monto se imputará directamente a la indemnización provisoria que el Estado debe depositar, compensando la deuda contra el valor del bien. En la práctica, el Estado puede hacerse de un inmueble abandonado sin desembolso neto si la deuda acumulada cubre el valor del bien.

Consenso transversal con matices

La unanimidad en el Senado no oculta que cada partido llegó al voto desde su propio diagnóstico. El senador del Partido Nacional (PN), Sebastián da Silva, aprovechó el debate para señalar el problema del suelo público abandonado: mencionó "miles de hectáreas" en escuelas rurales ociosas que pueden llegar a ser un "polo de desarrollo para la nueva economía de emprendimientos". "Estoy desesperado. En el gobierno pasado intenté también, pero pasa aquello insólito del Estado uruguayo que dice 'no, esta botella es mía y me la guardo'", expresó da Silva.

El senador del Partido Colorado (PC), Tabaré Viera reconoció que la iniciativa "tiene directa referencia e incidencia en la política de tierras" y que, si bien "no es la solución para el resto de los problemas que tenemos", sí es "una herramienta más". El senador frenteamplista, Gustavo González, exdirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, fue explícito sobre los tres pilares del problema habitacional: recursos estatales, marco legal y cartera disponible de tierras. "Esta ley justamente va por sumar a todas las intendencias del país los inmuebles abandonados que estén en condiciones de pasar a ese instrumento político clave", sostuvo.