Las consecuencias económicas y comerciales también generan preocupación. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, advirtió que Uruguay está arriesgando parte del prestigio construido durante años como proveedor confiable, debido a que compradores internacionales no recibieron mercadería en los plazos previstos.

Desde la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro consideró que los servicios mínimos pueden contribuir a destrabar la situación, aunque advirtió que la operativa todavía está lejos de la normalidad. La acumulación de camiones, las esperas y las pérdidas derivadas de las interrupciones afectan la fluidez de la terminal y generan sobrecostos para el sector privado.

Para el PIT-CNT  la medida es “excesiva”

En la otra vereda, el PIT-CNT considera que el Gobierno fue demasiado lejos. La central sindical sostuvo que las prestaciones establecidas se aproximan a una situación de normalidad y respaldó al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra). El sindicato rechazó formalmente el decreto por entender que limita el derecho sindical y anunció que solicitará asesoramiento jurídico, además de reclamar reuniones con las autoridades. Con las negociaciones retomadas en el MTSS, el Gobierno apuesta a alcanzar un convenio colectivo que permita cerrar el conflicto. Mientras tanto, el debate sobre la esencialidad permanece abierto y el Puerto de Montevideo continúa sometido a una disputa que ya trasciende el ámbito laboral y compromete intereses económicos y comerciales del país.