El reciente veredicto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) marcó un punto de inflexión en la operativa del puerto de Montevideo y despejó, al menos desde el punto de vista jurídico, una de las controversias más sensibles de los últimos años. Por unanimidad, el Tribunal ratificó los decretos 114 y 115 de 2021, emanados del acuerdo firmado entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y la multinacional belga Katoen Natie, validando la concesión otorgada a Terminal Cuenca del Plata (TCP) y dejando en claro la diferencia jurídica con Montecon.

El fallo, que es inapelable, establece que TCP opera bajo una concesión obtenida mediante licitación pública, mientras que Montecon lo hace en base a permisos precarios para el movimiento de contenedores en los muelles públicos. Esta distinción no es menor: implica que ambas empresas no se encuentran en igualdad de condiciones jurídicas, tal como lo subraya la sentencia, y habilita al Estado a intervenir en la política portuaria privada cuando existen concesiones debidamente otorgadas.

Las consecuencias prácticas ya comenzaron a sentirse en el puerto. La sentencia mantiene la prioridad de TCP en la operativa de contenedores y confirma que no podrán instalarse grúas pórtico en otras zonas del recinto portuario. Además, fuentes portuarias indicaron que el fallo dará lugar a una reorganización del régimen de otorgamiento de espacios públicos y a una reducción de los permisos de almacenaje de mercaderías, lo que impactará en diversos operadores que hoy utilizan los muelles públicos para actividades múltiples.

Desde el punto de vista estratégico, el dictamen también aporta un dato clave: prueba jurídicamente que Uruguay enfrentaba un escenario adverso en un eventual arbitraje internacional con Katoen Natie, que reclamaba una indemnización cercana a los US$ 1.500 millones. El acuerdo firmado en 2021, hoy ratificado por el TCA, evitó una demanda de alto riesgo fiscal y reputacional para el país.

El Tribunal rechazó los argumentos de Montecon, que solicitaba la anulación del acuerdo y del Reglamento de Atraque, pese a que nunca se presentó a la licitación de 2001 ni planteó formalmente al Estado su intención de construir una terminal especializada en contenedores. Recién hace seis meses la empresa presentó un proyecto para desarrollar una terminal multipropósito en gran parte de los muelles públicos, iniciativa que generó inquietud entre al menos 15 empresas que operan en esos espacios.

No obstante, el fallo no fue completamente adverso para Montecon. El TCA derogó una cláusula que condicionaba la habilitación de una segunda terminal de contenedores a que TCP alcanzara el 85% de ejecución de su proyecto. Con ello, se elimina una barrera normativa, aunque sin alterar el esquema central de concesiones vigente.

En definitiva, el veredicto consolida el modelo portuario actual, refuerza la seguridad jurídica de las inversiones y redefine, con efectos inmediatos, la dinámica operativa del principal puerto del país.