El gobierno decidió dilatar la respuesta a una solicitud de acceso a la información sobre el caso Cardama, presentada por el Partido Nacional.En concreto solicito una prórroga legal por 20 días que fue comunicada por la Prosecretaría de Presidencia que encabeza Jorge Díaz al diputado blanco Pablo Abdala, autor del pedido, quien ahora advirtió sobre la posibilidad de que la situación se traslade al terreno judicial.

“No tienen voluntad de informar”

“Si piden una prórroga es porque no tienen voluntad. Vamos a esperar el plazo y, si persiste la negativa, que yo presumo que sí, iremos a la Justicia, que es lo que prevé la ley”, apuntó Abdala públicamente. Otro camino posible sería declarar la reserva de la información, sostuvo el legislador, quien dijo que eso “sería confesar que el propósito es que no se sepa” el contenido de la presentación de Cardama ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Al referirse a cómo observa la respuesta oficial, Abdala cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo: “No me sorprende, es la confirmación de que el gobierno se está comportando con una dosis de opacidad muy importante y falta de transparencia”.

“¿Cuál es la razón para ocultar y no dar a conocer al Parlamento y al país la demanda que promovió Cardama contra el Estado uruguayo?”, se preguntó y descartó que sea por una razón de estrategia judicial, al señalar que la empresa española “ya conoce los términos que utiliza en su demanda. Si bien es legal, consideró desacertado el pedido de una prórroga, una figura que, a su entender, “obedece a la necesidad de ganar tiempo cuando se pide una información compleja que hay que recopilar o producir”. “Yo pido la copia de un escrito que se puede dar en 24 horas”, contrapuso.

De esta manera, ese reavivó la polémica por la rescisión del contrato con la firma elegida por el gobierno anterior para construir dos OPV, las cuales podrían ser acercadas por otros países, según surge de las negociaciones “Estado a Estado” que encara la gestión actual.