El caso de Cecilia Cairo, exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, continúa generando repercusiones. El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que realizará una inspección en las cuatro viviendas construidas por la familia de Cairo en Pajas Blancas, luego de confirmarse que las propiedades no están debidamente inscriptas ni regularizadas.  Las edificaciones, que figuran en una zona declarada como baldío, no están registradas en la Dirección Nacional de Catastro ni en la Intendencia de Montevideo, y por tanto no abonan contribución inmobiliaria ni los aportes obligatorios por construcción al BPS. Según trascendió, el único pago vinculado fue de apenas $89 por Impuesto de Primaria.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, fue quien impulsó la medida, lo que implica el envío de inspectores al lugar para levantar un informe técnico y administrativo. El objetivo será establecer posibles deudas con el organismo y eventuales infracciones a la normativa vigente. “De acuerdo a las normas del debido proceso, corresponde esperar la resolución del trámite y, en particular, de la inspección", declaró Pardo. Desde el directorio del BPS, también se expresó el delegado por el sector empresarial, José Pereyra, quien enfatizó que el caso debe tratarse con imparcialidad: “Lo que nosotros no queremos es que haya coronita. Ni animosidad, ni coronita”, remarcó, en referencia a un tratamiento especial o privilegiado por el vínculo político de la familia.

Hija funcionaria del BPS ¿complicada?

Uno de los aspectos más sensibles del caso involucra a una de las hijas de Cairo, quien se desempeña como funcionaria del BPS. Según fuentes internas del organismo, podría ser objeto de sanciones administrativas por no haber denunciado una situación de posible defraudación fiscal, lo cual está contemplado en la normativa que regula la conducta de los funcionarios públicos. La omisión, se entiende, podría haberla convertido en cómplice de las presuntas irregularidades cometidas por su familia. El caso, continúa siendo seguido de cerca por los medios y por actores del sistema político. Todo lo que podría derivar en acciones legales o sanciones si se confirman las infracciones, como se ha señalado y admitido por la misma Cecilia Cairo.