El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, recibió a abogados de víctimas de Conexión Ganadera para informarles sobre el avance de la investigación, que comprende a más de cuatro mil damnificados.

Denuncia del BROU contra viuda de Basso

Se indaga una denuncia del Banco República contra Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, por garantizar un préstamo superior al millón de dólares con animales cuya existencia está bajo investigación. El fiscal espera información del Ministerio de Ganadería para reconstruir el destino del ganado y definir si vuelve a citar a Cabral y solicita nuevas imputaciones. En paralelo, la sindicatura contabiliza las adhesiones a un acuerdo que permitiría distribuir de forma anticipada unos 35 millones de dólares obtenidos por la venta de ganado. Para concretarlo se necesita el respaldo de acreedores que representen más del 85% de los créditos del concurso. El fiscal advirtió, además, que la investigación podría enlentecerse por la reducción de personal en la Fiscalía.

Carrasco pidió el levante de embargos y caducidad de cautelares

El cofundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, pidió a la Justicia concursal que levante los embargos y declare la caducidad de las medidas cautelares impuestas en su contra. Carrasco está preso desde julio de 2025, imputado por estafa y lavado de activos, y el mismo planteo fue presentado por sus cinco hijos en representación de la sociedad Muralir. La defensa sostuvo que Carrasco no controlaba el manejo financiero de Conexión Ganadera y atribuyó la administración efectiva de los fondos y las decisiones operativas a personas vinculadas al Escritorio Basso. Según publicó El Observador, Carrasco admitió una eventual negligencia por no controlar la gestión, pero negó haber actuado con intención y afirmó que colaboró con la Justicia mediante la entrega de bienes.

Sus abogados también señalaron que los embargos caducaron porque los acreedores no presentaron la demanda principal dentro del plazo legal de 30 días. Además, cuestionaron la actuación del síndico Alfredo Ciavattone y sostuvieron que el resultado económico de la liquidación también dependerá de cómo se gestionen los activos.

Los hijos de Carrasco alegaron que nunca participaron en la administración de la empresa y cuestionaron que el embargo se haya fijado por 250 millones de dólares. Afirmaron que la medida les impide incluso acceder a cuentas bancarias para gastos cotidianos. En caso de que el juez Leonardo Méndez rechace el recurso, solicitaron que el expediente sea revisado por un Tribunal de Apelaciones.